El Gobierno niega retrasos ante Bruselas sobre la población del lobo y acusa a la Xunta de desvirtuar los datos con controles letales

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, respondió este jueves a las críticas lanzadas por varias comunidades autónomas —entre ellas Galicia— sobre el supuesto retraso en el envío a Bruselas de los datos sobre la población de lobo en España. Morán negó cualquier demora y aseguró que la Comisión Europea dispone de la información desde agosto de 2025, fecha en la que, según afirmó, él mismo la entregó.

“Lo primero, salvar un error. La Comisión Europea ya tiene los datos desde agosto del 2025. Los entregué yo personalmente a la Comisión Europea”, señaló durante una visita a la ría de O Burgo, en A Coruña. Respondió así a ls las catorce comunidades que anunciaron acciones judiciales para exigir al Gobierno que cumpla la normativa nacional y europea sobre conservación del lobo, que denunciaron que el Ministerio para la Transición Ecológica no ha remitido a Europa un informe obligatorio sobre el estado de conservación de especies como el lobo ibérico, lo que ya ha provocado la apertura de un procedimiento sancionador contra España.

Morán reconoció que esos datos aún no figuran en el modelo oficial de informe sectorial que exige Bruselas. Explicó que el motivo es la discrepancia existente entre la interpretación científica de los datos y la lectura que realizan algunas comunidades autónomas. Según Morán, el Gobierno no puede remitir un documento que obligue a la Comisión a elegir entre versiones contradictorias, por lo que en los últimos meses ha intentado acercar posiciones y ha pedido a las autonomías que revisen sus planteamientos.

El secretario de Estado añadió que la información debe actualizarse debido a dos factores recientes: los incendios registrados en agosto y septiembre en el noroeste peninsular, que han afectado a la biodiversidad, y las actuaciones letales autorizadas por algunas comunidades “en un número considerable de ejemplares”, lo que modifica las cifras inicialmente enviadas.

“No hacer esta actualización significaría tanto como estar engañando conscientemente a la Comisión Europea, y eso desde luego el Gobierno de España no lo va a hacer”, afirmó.

El Ministerio mantiene abierto un proceso de información pública para incorporar aportaciones de ciudadanos, organizaciones y expertos, con la intención de llegar a la próxima Conferencia Sectorial con datos actualizados y ajustados “a la realidad del momento”.

Costas

Morán también respondió a las críticas de la Xunta sobre la reforma del reglamento de costas que prepara el Gobierno central. El Ejecutivo gallego sostiene que los cambios pueden generar inseguridad jurídica para actividades asentadas en el litoral.

El secretario de Estado rechazó esa interpretación y afirmó que la Xunta “sabe perfectamente” que la modificación responde a un requerimiento derivado de un expediente de infracción abierto por la Comisión Europea. Según explicó, Bruselas considera que la normativa española no se ajusta adecuadamente a la directiva de servicios, tanto en la tramitación de concesiones como en sus prórrogas.

“La inseguridad jurídica es lo que se pretende salvar frente a un expediente de infracción de la Comisión Europea”, defendió.

Morán insistió en que el Gobierno ha informado de esta situación tanto a Galicia como al resto de comunidades litorales, por lo que le “extraña” que la Xunta mantenga su argumento sobre la inseguridad jurídica.

“No solo no genera inseguridad jurídica, sino que precisamente lo que hace es resolver la inseguridad jurídica en la que en estos momentos nos estábamos moviendo”, concluyó.

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