Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente: "Bien podría la Xunta destinar una partida a apoyar al sector marisquero afectado tras el dragado de la ría de O Burgo"

Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, estuvo esta semana en A Coruña para supervisar las obras del dragado de la ría de O Burgo, una actuación que el Ministerio da por concluida y que ahora abre el debate sobre la recuperación real de la actividad marisquera. Morán defiende la posición del Gobierno central en algunos de los principales frentes abiertos con la Xunta: rechaza revisar la protección del lobo al margen del criterio científico, acusa al Ejecutivo gallego de reclamar una gestión del litoral próxima a una “independencia soberana” sobre la costa gallega y sostiene que la transición energética debe avanzar con renovables, hidrógeno verde y retornos para los territorios que asumen "servidumbres ambientales".

-La inclusión del lobo en el LESPRE sigue generando rechazo en el rural gallego. ¿Está dispuesto el Ministerio a revisar su postura ante el aumento de ataques al ganado en Galicia?

-Lo primero es enmarcar bien la discrepancia. Aquí no hay un problema de confrontación entre administraciones, sino de aceptación o no del criterio científico. La comunidad científica viene manteniendo una posición basada en el conocimiento y no hay nada ideológico detrás. El diagnóstico no ha variado: el lobo está en estado desfavorable en España. Está solamente presente en un tercio del territorio que llegó a ocupar en su momento. Y luego hay quien se niega a aceptar el criterio científico. El Ministerio se guía por el conocimiento científico, que es el único criterio sólido para tomar decisiones. Esa posición no ha cambiado.

-La Xunta sostiene que sus datos reflejan un problema real en Galicia. ¿El Ministerio cuestiona esa lectura?

-La gestión debe basarse en criterios científicos y en su correcta interpretación. La comunidad científica insiste en que algunas lecturas de los datos no se ajustan a la literatura especializada. Por ejemplo, no se puede ignorar que muchos grupos de lobos son compartidos entre comunidades, lo que puede llevar a duplicar o triplicar censos. Los lobos no entienden de barreras administrativas, sino de espacios biogeográficos. Además, la ciencia establece una media de cinco ejemplares por grupo, mientras que algunas comunidades contabilizan hasta nueve, lo que prácticamente duplica la población. Nuestro objetivo es evitar trasladar a la Comisión Europea datos que no reflejen la realidad.

-La Xunta denuncia pagos pendientes de fondos estatales para prevenir y compensar daños del lobo. ¿Va a transferirlos el Ministerio o los ganaderos gallegos quedarán fuera de esas compensaciones?

-La gestión de la especie y de los daños es competencia de las comunidades autónomas. Cuando el lobo se incluyó en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, el Ministerio puso sobre la mesa una partida de 20 millones para atender esa nueva circunstancia. Después, las comunidades decidieron sacar al lobo del listado mediante una votación parlamentaria. Si el lobo vuelve a la situación anterior, también vuelve el marco competencial anterior. Toda decisión tiene consecuencias. Aun así, la voluntad del Ministerio es mantener una partida para la gestión de grandes carnívoros y para medidas de coexistencia con la ganadería extensiva, pero no para financiar daños mientras el lobo siga fuera del listado, porque esa competencia corresponde a las comunidades.

-Tras el dragado de la ría de O Burgo, los mariscadores denuncian que la producción no se ha recuperado. ¿Asume el Ministerio que la regeneración no puede darse por cerrada mientras no vuelva la actividad marisquera?

-Hay que recordar que el marisqueo es competencia de la Xunta. El Ministerio ejecutó la obra y, durante ese periodo, atendió las consecuencias negativas para el sector mediante indemnizaciones por el cese de actividad. Incluso después de finalizada la obra propusimos a la Xunta atender conjuntamente el periodo posterior hasta que el banco entrase en plena producción, pero nunca obtuvimos una respuesta favorable. El convenio inicial preveía una financiación al 50% entre Xunta y Ministerio para una actuación de unos 40 millones. La Xunta decidió no aportar los 20 millones que le correspondían. Después de liberarse de ese compromiso, bien podría destinar ahora una partida al sector marisquero afectado.

-¿Entiende entonces que la responsabilidad del Ministerio terminó con la obra? ¿No habrá ayudas ni un plan biológico posdragado?

-La obra está concluida e incluía un proceso de regeneración del banco. Se hizo plantación de zostera y una primera fase de resiembra vinculada a la retirada, con la cofradía de pescadores, mediante un convenio financiado por la empresa. Después no quisieron participar en la última fase de resiembra. El Ministerio ha puesto en valor un banco que estaba condenado a la desaparición y que tenía serios problemas de calidad del producto. Que la Xunta siga cuestionando el compromiso del Ministerio obedecerá a otras razones, pero no a lo que objetivamente se ha hecho.

-En Oleiros, ¿cómo avanzan los trámites para sustituir la pasarela de acceso al castillo de Santa Cruz? ¿Hay fechas sobre la mesa?

-Hoy (por el jueves) hemos presentado al Ayuntamiento el estudio de características del proyecto y ya están decididas sus condiciones técnicas. Calculamos que rondará los dos millones de euros y que la ejecución física puede estar en torno a nueve meses. Antes habrá que redactar el proyecto y someterlo a evaluación ambiental. El calendario aproximado es de unos dos años, siempre que no surjan recursos o problemas técnicos.

-Los temporales han causado daños en la costa. ¿Va a asumir el Gobierno esas reparaciones? El alcalde de Oleiros quiere trasladar al Estado la factura por el desprendimiento del talud de Naval. ¿Se ha evaluado ese petición?

-El Gobierno asume íntegramente el coste de las intervenciones de restauración tras daños causados por fenómenos extremos siempre que sean de su competencia. Lo que no hace la Administración General del Estado es sustituir las competencias de otras administraciones. Tras los últimos temporales, el Ministerio ha desplegado un paquete de inversión de unos 700.000 euros en obras ya ejecutadas o en avanzado estado de ejecución. El caso concreto de Oleiros no se ha puesto todavía sobre la mesa. Si el alcalde lo traslada, lo veremos. Pero no se puede pretender trasladar al Ministerio actuaciones que no son competencia de la Administración General del Estado. En cada caso analizamos con ayuntamientos y comunidades qué corresponde a cada administración. No trabajamos con criterios cicateros: cuando una actuación estatal permite incorporar, por economía de escala, daños próximos que pueden corresponder a otra administración, solemos hacerlo. Siempre vamos un poco más allá de nuestras competencias.

-En Sada, PP y PSOE han pedido al Estado que recupere el proyecto de regeneración de la playa, que fue descartado por la presencia de zostera. ¿Está sobre la mesa analizar una actuación similar a la de la ría de O Burgo, con trasplante de zostera?

-El proyecto no se detuvo por falta de voluntad del Ministerio, sino porque las condiciones ambientales impedían ejecutar la obra. Nunca se acometerá una actuación con un informe ambiental que la haga inviable o desaconsejable. Eso no significa que el proyecto quede descartado definitivamente, sino que debe reevaluarse. Habrá que estudiar en qué términos puede ejecutarse y, cuando exista una actuación clara que supere la evaluación ambiental, se llevará a cabo.

-¿Es precipitado hablar ahora de un posible trasplante de zostera?

-Sí. En este momento es bastante precipitado, porque el proyecto fue desechado en sus características iniciales. Ahora habría que trabajar sobre un nuevo proyecto y analizar qué alternativa resulta más viable.

-Tras el aval prácticamente íntegro del Tribunal Constitucional a la Ley del litoral gallega, ¿reconoce el Gobierno que se equivocó al recurrirla?

Cada parte hace su lectura de la sentencia. La Xunta destacó las cuestiones en las que el Tribunal le dio la razón, pero no aquellas que tuvieron que descolgarse de la ley. En el núcleo sustancial de las competencias sobre la gestión del litoral, el Tribunal terminó dando la razón al Gobierno de España. La gestión del litoral debe ser única y responder a un mismo modelo en los 10.000 kilómetros de costa del país, porque hablamos de un patrimonio constitucionalmente blindado. Lo que pretendía la Xunta era una especie de independencia soberana del tramo litoral gallego respecto al resto del litoral español, y eso no prosperó.

-Con el fallo del Constitucional, ¿da el Gobierno por cerrado el conflicto o mantiene una vigilancia especial sobre cómo Galicia gestiona la ley?

-No mantenemos un criterio de vigilancia sobre el ejercicio de competencias de las comunidades autónomas. Lo entendemos como un mecanismo de cooperación. Galicia recibe el mismo tratamiento que el País Vasco, Andalucía, Canarias, Asturias o Murcia en el ámbito de las competencias constitucionales del Estado. No hay una vigilancia especial sobre la Xunta. Cuando entendemos que se sobrepasan límites competenciales, ejercemos la competencia que corresponde. Si no hay acuerdo en el diálogo bilateral, el asunto puede acabar en los tribunales, que están precisamente para resolver discrepancias entre partes.

-Sobre Ence, ¿da el Ministerio por consolidada la permanencia de la fábrica en Lourizán o explora otras vías para su traslado?

-En la parte que corresponde al Ministerio, la sentencia del Tribunal Supremo es firme y el Gobierno de España no tiene otra cosa que hacer que cumplir sus términos. Hay trámites posteriores que las partes litigantes elevaron al Tribunal Constitucional. Cuando el Constitucional decida, el Gobierno incorporará sus prescripciones a la hora de tomar decisiones. En este momento, el proceso es el que hay, con la sentencia que hay.

-Galicia es clave para la transición energética, pero acumula conflictos por la eólica terrestre, dudas sobre la marina y una industria que necesita energía competitiva. ¿Cómo evitar que las renovables sean vistas como una carga?

-Lo primero es considerar la aceptación social de las distintas tecnologías. Ninguna es aceptada de forma indiscutible. La hidráulica genera oposición en los territorios que acogen embalses; la térmica provoca impactos ambientales; la nuclear tampoco resulta atractiva para los territorios donde se plantea; y las renovables tienen también ese hándicap. Una sociedad que quiere resolver problemas comunes debe asumir el equilibrio entre el interés general y los intereses particulares o territoriales. En términos comparativos, las renovables son las tecnologías que menos impacto ambiental negativo generan. Eso no evita que en algunos casos impliquen servidumbres territoriales, siempre sometidas a evaluación ambiental. Si el impacto es inaceptable, el proyecto no sale adelante. De hecho, de los proyectos eólicos y fotovoltaicos presentados en España solo prospera aproximadamente el 20%; el 80% no obtiene declaración ambiental favorable.

-As Pontes y Meirama aspiran, tras el cierre del carbón, a reconvertirse con proyectos de hidrógeno verde. ¿Está Galicia preparada para liderar este sector o se corre el riesgo de quedarse solo en anuncios?

-Sería un error plantear el hidrógeno verde como una competencia entre territorios. Siempre habrá alguien que se sienta agraviado. Hay un volumen de proyectos suficientemente amplio como para saber desde el principio que no todos saldrán adelante. Prosperarán aquellos que técnica, ambiental y socialmente respondan mejor a las necesidades del país. No creo que Galicia, ni ninguna comunidad, deba plantear esta competición con vocación olímpica. Los proyectos que salgan adelante serán proyectos de país.

-¿Qué le diría a un vecino del rural gallego que siente que la transición energética le quita paisaje, monte o costa sin garantizar empleo ni futuro?

-Por primera vez, los proyectos que salen adelante en comarcas que prestan una servidumbre al interés general incorporan un concepto nuevo: la transición justa. Hasta ahora, muchas comarcas fueron sacrificadas al servicio del interés general sin recibir un plus por esa servidumbre. La transición justa incorpora, además de la evaluación ambiental, una evaluación social de los proyectos. Desde el Ministerio impulsamos que el territorio que pone parte de su valor al servicio del conjunto del país reciba un retorno adicional. Es una cuestión de justicia y ha venido para quedarse.

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