Galicia y otras trece comunidades elevan a Bruselas su pulso con el Gobierno por la gestión del lobo

Galicia y otras trece comunidades autónomas han remitido una carta a la comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, en la que defienden el rigor técnico de su gestión del lobo ibérico y denuncian la actitud “arbitraria” del Gobierno central con su blindaje del cánido.

La misiva está firmada por la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y por sus homólogos autonómicos de Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias, Extremadura, Illes Balears, Madrid y Castilla y León, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Las comunidades cuestionan que el Ministerio para la Transición Ecológica haya abierto un trámite de información pública sobre el lobo que, sostienen, no está previsto reglamentariamente. A su juicio, este procedimiento parece buscar trasladar a la opinión pública la idea de que las autonomías no aportaron con el rigor necesario los datos para elaborar el informe de evaluación de la especie.

"Valoraciones unilaterales"

En la carta enviada a Bruselas, los gobiernos autonómicos rechazan expresiones incluidas en la documentación ministerial, como “valoraciones unilaterales” o “carentes de validación científica alguna”, al considerar que ponen en duda la fiabilidad de los datos recopilados por las comunidades, sus sistemas de seguimiento y la solvencia técnica del personal de las administraciones autonómicas.

Las comunidades consideran, además, contradictorio que este nuevo trámite se aplique únicamente al lobo y no a otras especies evaluadas mediante el mismo procedimiento, con los mismos participantes y criterios. Defienden que los datos remitidos tienen base tanto en la literatura científica como en la realidad del territorio.

Otro de los reproches dirigidos al Gobierno central es que, en el caso del lobo, no se respetó el procedimiento habitual de comunicación y diálogo para la validación formal de los archivos remitidos. Según exponen, en informes de otras especies sí hubo solicitudes de revisión por parte del Ministerio sobre cuestiones formales, que fueron atendidas en tiempo y forma.

Censos

Las autonomías también cuestionan que no se convocase la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para abordar este asunto. En relación con los criterios empleados por el Ejecutivo central, denuncian que se alude a supuestas pautas de las autoridades comunitarias que, según afirman, no existen o generan dudas injustificadas sobre la consistencia de los datos autonómicos.

Entre los ejemplos citan la supuesta obligación de alcanzar las 500 manadas en una región biogeográfica para que el estado de conservación del lobo pueda considerarse favorable. Las comunidades sostienen que ese criterio nunca fue establecido como tal por la Comisión Europea y recuerdan que otros países, con menos ejemplares censados, declararon favorable el estado de conservación de la especie sin objeciones de Bruselas.

También rechazan las interpretaciones que, a su juicio, realiza el Ministerio sobre la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En este sentido, recuerdan que ni el TJUE ni la Comisión Europea prohíben de forma absoluta el control cinegético, aunque sí excluyen expresamente las extracciones que no estén debidamente justificadas y fundamentadas científicamente.

Los gobiernos autonómicos solicitan asimismo información a la comisaria europea sobre unas recientes declaraciones del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en las que aseguró que ya había entregado personalmente los datos del lobo a la Comisión Europea. Según las comunidades, esa documentación no les fue trasladada.

Proceso de infracción

La Xunta recuerda, además, que la propia comisaria europea comunicó el pasado mes de abril que todavía estaba pendiente la remisión por parte de España del informe sexenal y que ese retraso motivó la apertura de un procedimiento de infracción.

En parapelo, la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático ha enviado una carta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la que expone sus argumentos sobre el informe sometido a información pública. En ella, el departamento autonómico defiende el trabajo técnico de las comunidades y reivindica que el Plan de gestión del lobo en Galicia busca compatibilizar la protección estricta de la especie con la mitigación de los daños recurrentes al ganado.

La Xunta sostiene que se trata de un modelo alineado con la Directiva Hábitats y con la jurisprudencia vigente, ya que limita las actuaciones de control a supuestos excepcionales, individualizados y condicionados al agotamiento previo de las medidas preventivas disponibles.