Crisis habitacional
La justicia tramitó el pasado año más de 1.600 casos de impago de alquileres en Galicia
Casi nueve de cada diez resoluciones judiciales afectan a la morosidad en el arrendamiento de viviendas
El escudo social del Gobierno permite, en todo caso, reducir las demandas que llegan a los tribunales

Juzgados de Ourense. / Iñaki Osorio
El precio de los alquileres sigue escalando en Galicia y ya no afecta solo a las urbes sino que se está trasladando a concellos más pequeños. Y con este encarecimiento llegan las dificultades de muchos gallegos para hacer frente a la renta y empiezan los impagos. La Ley por el Derecho a la Vivienda que se empezó a aplicar en 2023 introdujo un escudo de protección a las familias en situación vulnerable, pero no ha evitado que, aun así, algunos propietarios terminen llevando a juicio a sus inquilinos por impago. La justicia tramitó más de 1.600 casos, la mayoría por arrendamientos de viviendas (1.421).
Son datos del Consejo General del Poder Judicial, que reflejan la conflictividad existente en materia de vivienda. En todo caso, las resoluciones dictadas por el juzgado en 2025 son un 9 por ciento inferiores a las del año anterior, gracias precisamente a ese escudo social del Gobierno. Cuando un inquilino deja de pagar el alquiler, el casero puede recurrir a la justicia para reclamarle las cantidades adeudadas y ordenar su desahucio. Si tras el requerimiento judicial, no hay oposición del demandado se dicta un decreto que resuelve la disputa. Si se mantiene el desacuerdo se llega a juicio y se dicta sentencia.
En Galicia en 2025 se dictaron 1.134 decretos y hubo 501 sentencias. Esto significa que cada día se tramitan en los juzgados cuatro casos de impago. En el 86 por ciento de los casos afectan a viviendas, mientras que el resto se produce por morosidad en las cuotas del alquiler de bajos comerciales, garajes o naves industriales.
Gana el propietario
En el caso de las sentencias la justicia da la razón al propietario en la práctica totalidad de los casos. Solo un total de 41 demandas fueron desestimadas. De los 501 fallos, en 430 se dio la razón completamente al casero y en otros 30 se estimó su denuncia parcialmente.
En los decretos todos son a favor del demandante. La mayoría (643) son archivados para su ejecución, es decir, que el demandado desaloja el inmueble o paga lo acordado. En otros 184 casos el casero abandona el inmueble y en 55 abona las cantidades que se le reclaman.
Desahucios
En 2025, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, se registraron en la comunidad gallega 876 desahucios por impagos del alquiler, un 8,6 por ciento menos que el año anterior.
La Xunta cuenta con un programa de apoyo dirigido a estas familias con dificultades para abonar las mensualidades del arrendamiento o la cuota del préstamo hipotecario. El pasado año atendió a un total de 779 gallegos. Nueve de cada diez casos son personas que no son capaces de afrontar el pago del alquiler (691 casos), pero también hubo 88 afectados por deudas hipotecarias.
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