El Ministerio de Vivienda exige a Galicia el cierre de 4.500 pisos turísticos ilegales

En un contexto de alquileres tensionados, dificultades crecientes para acceder a una vivienda y protestas por el impacto de la turistificación en distintas ciudades, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana exige a Galicia una mayor implicación en la lucha contra los pisos turísticos ilegales. El aviso llega tras la decisión del Tribunal Supremo de anular el Registro Único de arrendamientos de corta duración, una herramienta impulsada por el Gobierno central para controlar la proliferación de este tipo de alojamientos. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha remitido una carta a la Xunta y a otras comunidades autónomas en la que asegura que el Ministerio acata la sentencia del alto tribunal «como no podría ser de otra forma» y asegura haber detectado 4.500 viviendas turísticas ilegales en Galicia, una cifra que sitúa a la comunidad entre los territorios con una presencia relevante de alojamientos presuntamente fuera de normativa.

«La única razón que explica que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se implicara desde un inicio en esta materia era cumplir con el Reglamento de la Unión Europea que daba a entender que el Estado tenía que actuar de forma rápida ante la emergencia habitacional y la fuga masiva de viviendas del ámbito residencial al turístico», señala la ministra en el escrito remitido a las autonomías.

Además, en la carta enviada a las autonomías, la ministra sostiene que, cuando los derechos de la ciudadanía están «en juego», las administraciones «no pueden eludir la responsabilidad» y deben actuar para garantizarlos. La socialista señala el caso de las comunidades gobernadas por el PP, como Galicia, a las que les reclama asumir las competencias de inspección, sanción y clausura de las viviendas ilegales detectadas y confía en que «ahora tomen el camino correcto», al considerar que la labor desarrollada hasta el momento ha sido «insuficiente, cuando no inexistente». El Ministerio advierte además de que permanecerá «muy vigilante» para comprobar que las autonomías emprenden las acciones necesarias para evitar «que se siga produciendo este fraude» y garantizar «que no se vulnere el derecho a la vivienda de la ciudadanía».

La cifra de 4.500 pisos turísticos presuntamente ilegales en Galicia cobra especial relevancia en un escenario de creciente malestar social por la escasez de vivienda asequible y el aumento de precios, especialmente en ciudades como Santiago, Vigo o A Coruña y en municipios donde la presión turística se intensifica.

Galicia ha experimentado en pocos años un fuerte incremento de viviendas de uso turístico (VUT) registradas, consolidando un mercado cada vez más profesionalizado y con presencia en prácticamente todo el territorio. En diciembre de 2025, una investigación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 apuntaba a una dimensión todavía mayor del fenómeno: cerca de 7.000 VUT gallegas llegaron a anunciarse de forma irregular en Airbnb al no incluir número de registro identificativo, un requisito exigido para operar legalmente. La plataforma online de alquiler de viviendas turísticas había consentido la publicación de 65.122 anuncios que infringían la normativa (más del 10% de ellas en Galicia), por lo que Consumo le impuso una sanción superior a 64 millones de euros.

Más de 68.000 pisos ilegales

Las cifras difundidas por el Ministerio reflejan un fenómeno extendido. Andalucía encabeza la lista con 27.000 viviendas turísticas ilegales detectadas, seguida de la Comunidad de Madrid con 25.000 —entre pisos turísticos y alquileres de temporada—, la Comunidad Valenciana con 15.000 (de ellas, 9.000 en la provincia de Alicante) y Canarias con 14.200. Tras Galicia aparecen Murcia (2.400), Castilla y León (1.750), Cantabria (1.700), Aragón (1.180), Extremadura (380) y La Rioja (367). En total suman 68.477 pisos turísticos que operan ilícitamente en el Estado

Fue el pasado 21 de mayo cuando el Tribunal Supremo anuló el procedimiento estatal de registro obligatorio de alquileres de corta duración —turísticos, de temporada o de habitaciones promocionadas en plataformas digitales— al considerar que el Estado carece de competencias para establecer una regulación de ese alcance. La resolución traslada ahora el foco a las comunidades autónomas, responsables de la inspección y sanción en materia turística.