La Xunta demanda en la Audiencia Nacional que el Gobierno le entregue el expediente de Bruselas sobre la AP-9

La AP-9 continúa en el foco del debate. La Xunta anunció este lunes que presentará una demanda ante la sala de lo contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional para reclamar al Gobierno central que le entregue las alegaciones presentadas ante la Comisión Europea (CE) por la prórroga de la concesión de la Autopista del Atlántico. Este escrito es consecuencia de la admisión a trámite del recurso contencioso-administrativo presentado por la Administración autonómica ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Transportes, debido a la negativa de facilitar el procedimiento y las alegaciones.

El Gobierno gallego inició este proceso judicial en enero. Tras más de tres meses sin respuesta desde que solicitó la documentación sobre la contestación al dictamen de la Comisión Europea, la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas formuló requerimiento al Ministerio, conforme al artículo 44 de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, para que este remitiera copia de la documentación solicitada.

Posteriormente, el 17 de febrero se recibió la resolución del secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, por la que se denegaba el citado requerimiento. El 26 de marzo se interpuso el correspondiente recurso contencioso contra la resolución de denegación del requerimiento. Este recurso fue admitido a trámite por la Audiencia Nacional y, tras recabarse el expediente y efectuarse la citación de los posibles interesados, se envió a la Xunta de Galicia para la presentación del escrito de demanda.

En concreto, el Gobierno gallego reclama la anulación de la resolución que desestimaba el requerimiento formulado por la Xunta, de manera que se reconozca el derecho a obtener el documento solicitado.

Debate en el Congreso

En esta línea, Rueda apunta a la importancia de esta documentación en el contexto actual en el que está a debate en el Congreso la transferencia de la AP-9. Deja claro que el traspaso “no se puede hacer a cualquier precio”, pues “tiene venir acompañado de recursos económicos necesarios”. Critica que el texto pactado por PSOE, BNG y Sumar, pese a incluir la titularidad, cuenta con “enormes diferencias para mal” respecto al acuerdo aprobado por unanimidad en el Parlamento gallego.

Así, el titular del Ejecutivo autonómico advierte de que “no tiene ningún sentido” que la comunidad asuma la titularidad sin conocer el expediente y “viendo que Galicia tendría que asumir los costes económicos derivados de lo que finalmente se decida por una prórroga que no acordó la Xunta”.