La Xunta abre una vía extraordinaria para regularizar instalaciones industriales que «escapan» al control sobre seguridad

La Xunta prepara una vía administrativa extraordinaria para sacar a la luz instalaciones industriales que, por distintos motivos, no constan correctamente registradas ante la Administración autonómica pese a estar sometidas a reglamentos de seguridad industrial. Esta regularización se hará mediante una orden que elabora la Consellería de Economía e Industria con el objetivo declarado de permitir que sus titulares corrijan su situación irregular y, sobre todo, garantizar que esas instalaciones puedan ser inspeccionadas y consideradas seguras, acorde a la normativa que estaba en vigor en el momento en que la empresa inició su actividad.

Este proyecto de norma, que acaba de abrir su proceso de participación pública, parte de una constatación relevante desde el punto de vista del control público y que la consellería admite directamente en la exposición de motivos de la orden. Existe un «número importante» de instalaciones que no figuran en el registro preceptivo de la Xunta o que carecen de la documentación que acreditó en su día su puesta en servicio o posteriores modificaciones, «lo que supone una situación irregular, siendo necesaria su regularización». El borrador no cuantifica cuántas pueden estar en esta situación, pero sí identifica algunas de las causas que han podido llevar a esa condición de irregularidad, como la propia antigüedad de las instalaciones, la destrucción de archivos, supuestos de fuerza mayor, errores de inscripción, traspasos entre empresas o cambios de titularidad que no fueron comunicados.

La falta de papeles no es solo un problema burocrático. Según recoge el propio texto, esa carencia dificulta el trabajo de los técnicos de Industria y de los organismos de control encargados de realizar las inspecciones periódicas. Sin documentación, resulta más complejo determinar la antigüedad real de una instalación y, por tanto, saber qué reglamento debe aplicarse en su revisión. También complica comprobar si la instalación mantiene las condiciones con las que fue puesta en servicio o si, por el contrario, fue ampliada o modificada sin seguir los trámites exigidos.

La Xunta advierte en el proyecto de orden de que estas instalaciones sometidas a reglamentos de seguridad industrial «escapan al control de la Administración» y que sus titulares encuentran problemas cuando intentan cumplir obligaciones como la inspección por parte de un organismo de control. En la práctica, se trata de instalaciones que pueden estar funcionando o haber quedado integradas en la actividad de empresas, edificios o establecimientos sin que exista una solución clara para encajar su situación en los registros autonómicos.

También destaca que la ausencia de constancia registral «implica un desconocimiento de la realidad del sector industrial de la comunidad». Para la Administración gallega, no saber qué instalaciones existen o en qué condiciones se encuentran «supone una traba para el necesario control» que le corresponde en materia de seguridad industrial. La futura norma pretende, por tanto, reforzar la capacidad inspectora y ordenar situaciones que hasta ahora podían recibir respuestas distintas según el tipo de instalación o el criterio aplicado en cada caso.

En la exposición de motivos de esta vía de regularización se recuerda que solo algunos reglamentos estatales han abordado expresamente la regularización de instalaciones sin documentación posterior a su puesta en marcha. Entre ellos cita los relativos a instalaciones eléctricas de alta tensión, instalaciones frigoríficas, equipos a presión y ascensores. Esa regulación parcial habría generado actuaciones no homogéneas por parte de las administraciones competentes y creado una situación para la que no hay, en estos momentos, «una solución legal», que es lo que ahora la Xunta pretende corregir con un procedimiento común para Galicia.

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