La Xunta rechaza la propuesta para AP-9 al considerarla un "dardo envenenado" y llama a mantener el acuerdo del Parlamento

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, rechazó este miércoles el texto pactado en el Congreso de los Diputados entre PSOE, BNG y Sumar, "que no tiene representación en Galicia", para transferir la titularidad de la AP-9 a la comunidad. "Es un dardo envenenado con unos altos costes económicos", aseguró la responsable de la Xunta, quien insistió que el acuerdo incluye "una cláusula trampa" que "lastra la situación económica de Galicia".

Para la conselleira, las modificaciones que recoge el nuevo texto "eliminan de un plumazo" la obligación del Estado de asumir las obligaciones económicas derivadas de la concesión ya que, debido a las transacciones de los grupos, en este traspaso, la Xunta asumiría todas las obligaciones económicas y financieras con Audasa, la empresa concesionaria, lo que incluiría tanto los costes de las bonificaciones como los posibles rescates.

Al tiempo, Allegue hizo hincapié en que la Comisión Europea (CE) mantiene abierto un procedimiento de infracción contra España por la prórroga de la concesión de la AP-9, vigente hasta el año 2048, al considerarla ilegal por no haber sido sometida a licitación pública. Por ello, si al final en el proceso, que "debe estar a punto de resolverse", se produce una declaración de nulidad ejecutada, sería la Xunta la que debería afrontar el pago de una posible multa.

En este punto, denunció el "absoluto ninguneo" a la Xunta por parte del Gobierno central, ya que actúa con "oscurantismo y falta de transparencia" respecto a la AP-9. Por ello, recordó el Ejecutivo gallego presentó esta misma semana una demanda ante la sala de lo contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional a fin de reclamar las alegaciones presentadas ante la Comisión Europea por la prórroga de la concesión.

Para Allegue, la posibilidad de que la Xunta afronte esta multa evidencia que la negociación entre PSOE, BNG y Sumar supone "un dardo envenenado desde el punto de vista económico" para la comunidad, por lo que en el Gobierno gallego no van "a consentir que se lastre la situación económica y financiera" de los gallegos. Para evitar este riesgo, la Xunta y el PP reclaman al resto de grupos que respeten la "unanimidad" emanada de la Cámara gallega y dejen "el texto tal y como fue aprobado". De hecho, la conselleira ha insistido en que "no entiende" por qué ambas fuerzas "se alejan y rompen el acuerdo" y actúan "de espaldas" a lo acordado en el Pazo de O Hórreo.