La Comisión Europea denuncia a España por no depurar las aguas residuales: en Galicia pone el foco en seis localidades

La Comisión Europea (CE) ha amenazado esta semana con multar a España por no tomar las medidas necesarias para atajar la contaminación de aguas por nitratos en cuatro comunidades (Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia), en línea con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que condenó al país en 2024 por este motivo. En este último apercibimiento no está Galicia, pero sí que figura en el grupo de autonomías de la anterior denuncia formulada por la CE contra España por no haber cumplido íntegramente las obligaciones de recogida, tratamiento y control de las aguas residuales urbanas. Bruselas puso el foco en al menos 6 casos en la comunidad gallega, si bien la Xunta discrepa abiertamente con el proceder de la UE.

Esa denuncia ante el TJUE se presentó a finales del pasado mes de abril y se hizo porque las autoridades europeas detectaron todavía 114 incumplimientos por parte de España en la depuración de aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes y que los esfuerzos realizados por el Gobierno central y los autonómicos habían sido insuficientes hasta la fecha.

En el caso de Galicia, el procedimiento de infracción recoge al menos media docena de incumplimientos correspondientes a las depuradoras de Baiona, Nigrán, A Estrada, Maceda, Foz y Burela. Pero la Xunta se defiende argumentando que los problemas ya están subsanados o en vías de solución y que cuatro de ellas no deberían formar parte de la denuncia.

En cuanto a Baiona, Nigrán y A Estrada, la Consellería de Medio Ambiente sostiene que sus instalaciones ya cumplen con lo exigido por la normativa comunitaria, «tal como ya se le trasladó a la Comisión Europea en su momento». De hecho, añade, las tres infraestructuras cuentan con «capacidad suficiente para tratar las aguas residuales del entorno, especialmente tras la ejecución de distintas obras de mejora de su funcionamiento realizadas después de la apertura del procedimiento europeo».

Mientras, en el caso de la depuradora de Maceda, en la que tiene responsabilidades la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Augas de Galicia también comunicó que ya se adoptaron medidas para dar cumplimiento a la directiva, «por lo que tanto esta como las anteriores ya no deberían estar incluidas en el procedimiento».

En los casos de Foz y Burela, Medio Ambiente asegura que «están en marcha o planificadas» obras con el objetivo de cumplir con las directrices europeas. En Foz la inversión prevista supera los 14 millones de euros, mientras que en Burela se están ejecutando 5 millones en la renovación de los colectores y se licitará en breve la nueva depuradora por otros 9 millones.

La Xunta advierte que hay alguna estación de depuración más incluida en este procedimiento, pero que ya pertenece al ámbito de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que queda fuera de las competencias de Augas de Galicia, y que la información de la que dispone «es parcial».

No es la primera vez que se actúa contra España —la UE se dirige siempre al Estado, aunque las infracciones correspondan a las administraciones autonómicas—. Bruselas envió una carta en octubre de 2017 y un dictamen motivado en noviembre de 2019 para que el Estado español arreglara la situación de decenas de localidades donde no se depuran bien estos residuos. Aunque se han reducido a la mitad los puntos de incumplimiento de la norma, el retraso acumulado ha hecho que Bruselas considere que persiste un problema «generalizado». España llevaba en 2024 ya 87 millones de multa por depurar mal aguas residuales.

De acuerdo con la última denuncia, la presentada este año a finales de abril, de los 114 casos advertidos, 15 son aglomeraciones que carecen de sistemas primarios eficaces de recogida de aguas residuales, otras 39 no cumplen con el tratamiento secundario (eliminación de la materia orgánica producto del sistema primario), 8 incumplen la recuperación terciaria (exigible en zonas sensibles) y en los 52 restantes, España no garantiza que los vertidos de las instalaciones de tratamiento sean objeto de control para verificar el cumplimiento.

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