La administración pública no siempre vigila el horario de sus trabajadores: el 40% de los concellos no tiene sistema de control de la jornada laboral

En 2019 se incorporó en el Estatuto de los Trabajadores la obligatoriedad de registrar la jornada laboral, y no como un instrumento de control, sino como una medida de protección para los empleados. Aunque en origen la norma se dirigía al personal laboral, el Estatuto Básico del Empleado Público también obliga a cumplir la jornada y el horario establecidos, lo que hace necesario aplicar sistemas de control horario también al personal funcionario. A pesar de ello, cuatro de cada diez concellos analizados en Galicia siguen sin implantar ningún sistema para hacerlo.

Así lo constata el estudio El control horario en las entidades locales: una muestra en el ámbito de Galicia, publicado en la Revista Galega de Administración Pública. El estudio tomó como base un cuestionario de diez preguntas enviado al funcionariado de habilitación nacional de 76 entidades locales de Galicia: la mayoría, 69, fueron ayuntamientos de distinto tamaño y población, puesto que acumulan ocho de cada diez empleados del sector público local en la comunidad; así como las cuatro diputaciones provinciales, dos consorcios y una mancomunidad. Los municipios seleccionados incluyen desde Vigo, con cerca de 300.000 habitantes, hasta pequeños concellos como Beariz, con menos de 1.000 vecinos, y en conjunto representan aproximadamente el 55% de la población gallega y el 45% de los efectivos del sector público local.

Los resultados son contundentes. El 40% de las entidades que respondieron no dispone de ningún sistema de control horario. Como las cuatro diputaciones y las seis ciudades consultadas sí cuentan con él, las carencias se concentran en municipios pequeños y medianos. Son cifras que, en todo caso, no sorprenden a los autores del estudio. «A veces no se les puede exigir porque Galicia es muy dispersa» y estos municipios tienen un «músculo institucional» limitado, señala Óscar Briones, de la Facultade de Dirección e Xestión Pública de la Universidade de Vigo. En definitiva, «no cumplen porque no pueden», puntualiza, y, aunque «deben tener» sistemas de control, «nadie va a sancionar a un concello de 1.000 habitantes» por no hacerlo.

En todo caso, Briones apunta que la ausencia de sistemas de control no implica automáticamente un descontrol de la plantilla. Se hace a través de medios informales, como la observación: «Un jefe de servicio llega al concello y tiene que ver que está todo el mundo, y en su caso emprender el procedimiento disciplinar» correspondiente. Cuestionado sobre si el problema es que la legislación no está adaptada a la realidad gallega, Briones es tajante: «Son deberes para la Xunta o las diputaciones, para que intenten ayudar a estos concellos a poner en marcha sistemas de control» que los propios funcionarios solicitan. Y es que una de las conclusiones más llamativas del estudio es que el 88,3% de los encuestados están a favor de estos sistemas.

Otra de las cuestiones analizadas es si existe una relación entre los sistemas de control y el cumplimiento de la jornada, una idea que comparten el 68% de los encuestados. Pero las cifras revelan que no siempre es así, y, tal y como explica otro de los autores, Miguel Piñeiro, hubo concellos con registro que no cumplían con la jornada estándar en la administración pública de 37,5 horas semanales; y concellos sin él, que sí lo hacían. Concretamente, el 65% de las entidades respondió que no se cumple la jornada estándar, aunque el estudio advierte de que en algunos casos podría deberse a reducciones pactadas legalmente.

Finalmente, en la encuesta también se incluían un par de preguntas sobre la percepción del trabajo en las entidades locales, que revelan que el 91,7% de los encuestados considera que hay una percepción social generalizada de que en la Administración local se incumplen las jornadas laborales, y el 75% cree que existe una demanda general entre la población de que las administraciones cuenten con sistemas de control horario.

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