Juristas y asociaciones reclaman en Galicia cambios legales para reforzar la protección de las personas con discapacidad

Juristas y representantes de asociaciones han advertido de las carencias y disfunciones que persisten en la legislación sobre discapacidad, especialmente en el acceso a prestaciones y beneficios fiscales y en la regulación de los ingresos involuntarios. Estas cuestiones fueron abordadas en las jornadas Os dereitos fundamentais das persoas con discapacidade, celebradas en el Parlamento de Galicia y organizadas por el Colegio Notarial de Galicia y la Fundación Aequitas.

El decano del Colegio Notarial de Galicia, José María Graíño, destacó que la Ley 8/2021 supuso un cambio de paradigma al sustituir el modelo tradicional de incapacitación por otro basado en la autonomía de la voluntad y en la provisión de apoyos. No obstante, señaló que sus casi cinco años de aplicación han permitido detectar deficiencias que requieren una adaptación más amplia del ordenamiento jurídico.

Uno de los principales asuntos analizados fue la guarda de hecho, mediante la que familiares o allegados prestan apoyo sin un nombramiento judicial. La fiscal de sala María José Segarra criticó el exceso de trámites exigidos por administraciones y empresas, mientras que la notaria Inmaculada Espiñeira defendió la posibilidad de acreditar esta figura mediante acta de notoriedad. Los participantes coincidieron en que se está consolidando como una herramienta eficaz para proteger los derechos de las personas con discapacidad.

Representantes de Fademga Plena Inclusión Galicia y de la asociación Líber denunciaron que la ley no tiene suficientemente en cuenta la diversidad del colectivo, en especial en los casos de discapacidad intelectual. También criticaron que no se hayan previsto ayudas para financiar los apoyos profesionales, lo que traslada una carga económica difícilmente asumible a muchas familias.

Las entidades alertaron, además, de la pérdida de prestaciones, ayudas y beneficios fiscales sufrida por personas que recuperaron su capacidad jurídica. La Seguridad Social y la Agencia Tributaria vinculan en algunos supuestos el grado máximo de discapacidad a la existencia de una curatela representativa. La directora de la Fundación Aequitas, Almudena Castro-Girona, calificó de incoherente que una administración pueda privar a una persona de derechos previamente adquiridos.

Las jornadas también denunciaron la desprotección existente en los ingresos involuntarios psiquiátricos o residenciales. Gonzalo López Ebri, patrón de Aequitas, reclamó una regulación con mayores garantías procesales, incluida la asistencia letrada previa, y un control judicial que proteja también el patrimonio de la persona ingresada. Los expertos concluyeron que las medidas de apoyo deben diseñarse como un "traje a medida", evitando soluciones estándar que puedan limitar la libertad de las personas en lugar de favorecer su autonomía.