La nueva orden de la Xunta sobre el uso de maquinaria para evitar incendios abre un frente con el campo y la industria forestal: «La prevención es una responsabilidad compartida»

Este lunes, a las puertas de julio, la Xunta pretendía dejar blindada la campaña de alto riesgo de incendios forestales en Galicia hasta el 30 de septiembre. Sin embargo, en apenas unas horas logró abrir un nuevo frente con buena parte de la industria maderera y el sector primario. La orden publicada ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG) endurece las condiciones para el uso de maquinaria agrícola y forestal cuando el índice de riesgo de incendio alcance niveles muy altos o extremos. Entre las 12.00 y las 18.00 horas, quienes realicen estos trabajos deberán contar con una persona dedicada exclusivamente a la vigilancia, además de un vehículo equipado con un depósito de al menos 400 litros de agua, batefuegos, mochila extintora y extintor. La medida entra en vigor mañana, 1 de julio.

La Consellería de Medio Rural defiende la eficacia de la nueva regulación para reforzar la prevención de incendios. Sin embargo, ni la Federación Empresarial de Aserraderos y Rematantes de Maderas de Galicia (Fearmaga) ni el Sindicato Labrego Galego (SLG) comparten ese diagnóstico. Ambas organizaciones cuestionan una orden que consideran improvisada, aprobada sin diálogo y con un calendario prácticamente imposible de cumplir. Así pues, empresas forestales y agricultores coinciden en que la Xunta descarga sobre ellos una responsabilidad que, a su juicio, corresponde a los servicios públicos de prevención.

La patronal forestal Fearmaga advierte de las «importantes dificultades organizativas para las empresas forestales gallegas» que supondrá la aplicación de la orden, a la vez que comparte «plenamente» el objetivo de «reforzar la prevención de incendios», según señaló su presidente, Elier Ojea. No obstante, reclama a Medio Rural la apertura de un diálogo que permita implantar unas medidas «de forma eficaz y realista», además de aclarar qué actividades quedan realmente afectadas por la nueva normativa.

«Es necesario que las medidas puedan aplicarse con criterios de viabilidad técnica y organizativa»

La federación exige una mayor precisión de la instrucción, ya que dentro de lo que Medio Rural denomina «trabajos forestales» se incluyen las llamadas cortas de madera, donde se utiliza maquinaria que, según el sector, no provoca incendios. Según Elier Ojea, cada día se desarrollan trabajos forestales en unas 450 parcelas de monte en Galicia, lo que obligaría a disponer del mismo número de vigilantes y de vehículos «con depósitos de agua de 400 litros adaptados para prestar servicio en los trabajos forestales» durante las franjas horarias establecidas. Un despliegue que las empresas consideran imposible de organizar con tan escaso margen, apenas 48 horas después de celebrarse el Consello Agrario Galego. «La prevención de incendios es una responsabilidad compartida. Las empresas forestales quieren seguir siendo parte de la solución, pero para ello es necesario que las medidas puedan aplicarse con criterios de viabilidad técnica y organizativa», defiende Elier Ojea.

Las críticas no llegan únicamente desde el sector maderero. El Sindicato Labrego Galego denuncia también la escasa antelación con la que se anunció la instrucción y subraya que el texto ni siquiera fue mencionado durante la reunión del Consello Agrario Galego, principal órgano de interlocución entre la Xunta y el sector primario. Para el sindicato, la nueva norma supone un paso más en la «criminalización» del campo. Además, el SLG sostiene que las nuevas obligaciones convierten a agricultores y ganaderos en una extensión de los dispositivos públicos de extinción. «Hay brigadas antiincendios a las que ya les gustaría tener los materiales que nos exige la Consellería do Medio Rural para desarrollar nuestra actividad», ironiza Brais Álvarez, secretario de Acción Sindical de la organización.

A juicio del sindicato, muchos de los nuevos requisitos son inviables para la mayoría de las explotaciones, especialmente las de menor tamaño, y cuestiona que los agricultores deban asumir esas obligaciones mientras desarrollan su trabajo diario. «No pueden estar mirando todos los días qué nivel de alerta hay en los incendios», protesta Álvarez.

En los últimos diez años, se produjeron 411 incendios forestales ocasionados por maquinaria, de los cuales cerca del 60 % se concentraron en la citada franja horaria. A estos fuegos habría que sumar los incendios no forestales, como los agrícolas, que solo en 2025 fueron 30 entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.

Fuente: El Correo Gallego