Galicia impulsa una ley contra la violencia digital con un servicio para facilitar el borrado de la huella digital

Las nuevas formas de violencia ejercidas a través de internet y de las redes sociales tendrán una regulación específica en Galicia si culmina la tramitación parlamentaria del proyecto de Lei de medidas integrais contra o acoso e violencia dixital, aprobado este lunes por el Consello da Xunta. El texto, que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, presentó como la primera normativa específica sobre esta materia en el conjunto de la Unión Europea, iniciará su recorrido en el Parlamento tras el descanso estival con el objetivo de quedar definitivamente aprobado antes de que finalice el 2026.

La conselleira de Política Social, Fabiola García, defendió que el uso de las nuevas tecnologías «brinda grandes oportunidades», pero también «presenta importantes riesgos», entre ellos la violencia digital. Un fenómeno que el Ejecutivo autonómico pretende abordar mediante medidas de prevención, formación, protección y asistencia a las víctimas.

El proyecto de ley se estructura en cuatro títulos y 26 artículos y persigue cuatro grandes objetivos: fijar los principios de actuación de la Administración autonómica en materia de acoso y violencia digital; regular medidas de sensibilización, prevención y detección; promover la formación permanente del personal del sector público y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; y reforzar la protección y el apoyo a las víctimas.

Entre las principales novedades figura la incorporación obligatoria de contenidos sobre competencias digitales en todas las etapas educativas no universitarias y la elaboración de un plan integral contra el acoso y el ciberacoso escolar. Además, la Xunta impulsará acuerdos con plataformas digitales y redes sociales para desarrollar campañas de prevención y establecer mecanismos ágiles de denuncia y retirada de contenidos relacionados con el acoso y la violencia digital.

Otra de las medidas destacadas es la creación de un servicio gratuito de borrado de la huella digital para eliminar de internet el material utilizado como instrumento de acoso o violencia digital. Si bien, la retirada de esos contenidos requerirá, según recoge el texto, una resolución judicial expresa.

La futura norma contempla también la constitución de un servicio gratuito de asesoramiento técnico para las víctimas, con el fin de ayudarles a prevenir nuevos ataques y facilitarles información sobre los recursos disponibles. Del mismo modo, prevé reforzar el acceso el apoyo jurídico y elaborar una guía informativa sobre los derechos de las víctimas y las pautas básicas para preservar evidencias digitales que puedan resultar relevantes en un procedimiento judicial.

Durante la presentación del proyecto de ley, la conselleira de Política Social explicó que el texto incorpora modificaciones surgidas durante el proceso de consulta pública. Según indicó, se aceptaron aportaciones de carácter técnico y otras orientadas a reforzar la protección de las víctimas con discapacidad y de las personas trans. Un proceso de exposición en el que García mantuvo encuentros con víctimas y familiares para conocer sus necesidades e incorporarlas al texto.

Fuente: El Correo Gallego