El Gobierno rechaza paralizar la tramitación del nuevo Reglamento de Costas

El Gobierno central rechazó este miércoles suspender la tramitación de la reforma del Reglamento General de Costas, tal y como reclamaban Galicia y otras ocho comunidades y ciudades autónomas, y abrió un nuevo frente con los territorios que reivindican competencias sobre la gestión del litoral. La petición fue planteada en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, convocada de forma monográfica para abordar el proyecto de real decreto impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica.

La propuesta, promovida por Galicia y respaldada por la Comunidad Valenciana, Andalucía, La Rioja, Cantabria, Madrid, Murcia, Ceuta y Baleares, pedía paralizar de forma cautelar la tramitación del reglamento y abrir antes una reforma de la Ley de Costas desde el consenso. Sin embargo, el Ministerio se negó a someterla a votación con el argumento de que no se puede votar un proyecto en el seno de este órgano.

La Xunta sostiene que lo que se reclamaba no era votar el texto del reglamento, sino que la Conferencia Sectorial se pronunciase sobre una resolución para exigir que cualquier cambio normativo respete las competencias autonómicas en autorizaciones y concesiones sobre el dominio público marítimo-terrestre. Para el Gobierno gallego, la reunión terminó sin avances, sin concreciones y sin compromisos, lo que interpreta como una nueva muestra de «desprecio» hacia las comunidades costeras.

La secretaria xeral técnica de la Consellería de Medio Ambiente, Carmen Bouso, intervino en nombre de la conselleira para advertir de que la reforma, en los términos planteados, supone un «atropello» a las competencias reconocidas en el Estatuto y avaladas por el Tribunal Constitucional en la sentencia sobre la Lei do Litoral de Galicia.

Galicia acusa además al Ejecutivo central de utilizar como argumento el expediente abierto por la Comisión Europea contra España por la transposición de la directiva de servicios en el litoral para introducir cambios de forma unilateral. Las comunidades alertan de que el nuevo reglamento puede generar inseguridad jurídica, especialmente en materia de concesiones, y reprochan que no se prevean fondos para posibles indemnizaciones a titulares afectados.

Los gobiernos autonómicos reclamaron que sus alegaciones sean incorporadas al proyecto definitivo y trasladadas a Bruselas. La Xunta lamenta que el Ministerio lleve años negociando con la Comisión Europea «de espaldas» a las comunidades y que la reunión concluyese sin garantías de que sus demandas vayan a ser atendidas.

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