La CIG recurre ante el TSXG el sistema de control de bajas médicas de la Xunta

El sindicato CIG avanzó la presentación de un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra el sistema de refuerzo de control establecido por la Xunta para reducir las bajas laborales.

El recurso judicial de CIG cuestiona una resolución del pasado 20 de mayo de la Consellería de Sanidade que modifica una instrucción previa del 1 de abril de 2019 sobre el protocolo para gestionar el seguimiento de las personas en situación de incapacidad temporal por parte de los inspectores médicos.

El sindicato considera que bajo una pretendida «agilización» de los trámites o «refuerzo del control», la medida amplia la vigilancia de los inspectores y «blinda» el papel de la mutuas de seguros otorgándole más poder, como parte de una campaña de la Xunta contra lo que denomina «absentismo laboral».

La CIG cuestiona la legalidad de esas medidas anunciadas por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y considera que forman parte de una «ofensiva patronal y mediática» para establecer un «discurso peligroso» de que enfermar supone ser «sospechoso».

En ese sentido, critica al Gobierno gallego de hacer «prevalecer la presión económica sobre el criterio clínico» mediante esas medidas de «fiscalización creciente del criterio profesional» de los médicos de los servicios de atención primaria.

La resolución de la Consellería de Sanidad atribuye más poder a las mutuas, que tendrán un «control total del diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de todos los procesos» de las personas en situación de incapacidad temporal para trabajar, advierte el sindicato.

Además, advierte de que las pruebas y procedimientos de las mutuas se incorporarán al «historia clínico electrónico» de los pacientes, por lo que alerta de que en caso de externalizarlo a centros médicos privados, no hay garantía alguna de que esos centros puedan acceder a dicho historial.

La nueva instrucción habilita a la Inspección de Servicios Sanitarios a permitir, con una única autorización, todas las pruebas y tratamientos que soliciten las entidades privadas, entre ellos los procesos de rehabilitación, que antes no estaban incluidos. «Las mutuas podrán realizar estos procedimientos con recursos propios o mediante la contratación a terceros», señala el sindicato, que se queja de que la Consellería de Sanidade no aclara «cómo se va a financiar». «En cualquier caso, sea dinero del Sergas o de los fondos de la Seguridad Social, supondrá una derivación de dinero público hacia la sanidad privada».

Suscríbete para seguir leyendo