Sanidade desoye a los colegios médicos y defiende el nuevo protocolo para bajas laborales: «Agiliza el proceso de tramitación para que no se prolonguen innecesariamente»

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, defendió este jueves el protocolo común para la gestión clínica y el seguimiento de la incapacidad temporal. En declaraciones a los medios de comunicación, negó que esta nueva medida implique otorgar «más poder» a las mutuas, en un contexto de debate sobre el alcance de los cambios introducidos en la tramitación de las bajas laborales.

Tras visitar la nueva sala de neurorrehabilitación del hospital Gil Casares, en Santiago, el responsable autonómico enmarcó el nuevo procedimiento en una reorganización del circuito administrativo y asistencial vinculado a las incapacidades temporales, un proceso «que incluye también a las mutuas». «El objetivo es agilizar, al máximo, el proceso de tramitación para evitar que no se prolonguen innecesariamente las incapacidades temporales de las personas», afirmó.

En ese sentido, uno de los aspectos sobre los que se pronunció fue la realización de pruebas médicas por parte de las mutuas. Gómez Caamaño explicó que una de las novedades afecta al consentimiento informado, que hasta ahora, según indicó, debía solicitarse para cada intervención o prueba concreta. «Ahora se resume todo con uno que les cubre para cualquier tipo de intervención que hagan», comentó.

Por otro lado, el conselleiro también rechazó que el protocolo modifique el papel del médico de Atención Primaria en las altas laborales. A su juicio, el mecanismo está previsto para situaciones en las que se produzcan retrasos prolongados en la atención. «Realmente, esto está pensado en caso de que se retrase la consulta con el médico de primaria. En este caso las mutuas, puedan hacer una inspección en caso de que se retrase excesivamente esa consulta al médico de primaria», apuntó.

La CIG carga contra «el poder» de las mutuas

A este respecto, el sindicato mayoritario en Galicia critica en un comunicado «el poder» que delega la Xunta en las mutuas en lo que refiere las bajas por enfermedad común, a raíz de la nueva redacción de la instrucción de gestión de la incapacidad temporal. Según la CIG, esto habilita a la Inspección de Servicios Sanitarios a autorizar todas aquellas intervenciones relacionadas con el proceso que soliciten las mutuas.

En la redacción anterior, la autorización era «prueba a prueba, y siempre que las pruebas o procedimientos fueran solicitadas previamente por los profesionales de la sanidad pública». «Las mutuas pueden hacer esas pruebas y procedimientos con recursos propios o con contratación con terceros (sanidad privada) a través de procedimientos regulados», indica la central en la nota.

Así, advierte de que «no figura ninguna referencia a cómo va a ser financiado el incremento de pruebas y procedimientos que se hagan» para la ratificación de la alta o baja laboral, «bien con recursos propios de las mutuas o a través de la contratación con la sanidad privada». De todas formas, «sea dinero pagado por el Servizo Galego de Saúde o por los fondos de la Seguridad Social, supondrá una derivación de dinero público hacia la sanidad privada, reforzando a esta y debilitando» a la pública, apunta.

«Las mutuas son las que deciden las pruebas diagnósticas y los procedimientos terapéuticos y rehabilitadores de las personas que estén en situación de IT, siendo las propias mutuas las que seleccionan a qué persona y qué pruebas y procedimientos se solicitan y realizan», expone. La modificación contempla que «si a criterio de las mutuas es preciso realizar nuevas pruebas o procedimientos podrán ser solicitadas y autorizadas con el mismo procedimiento, reforzando el control total de las mutuas», lamenta la CIG.

Asimismo, crtica que en el escrito que «no figura ninguna garantía sobre el acceso de las mutuas y de ser el caso de la sanidad privada a la historia clínica de los trabajadores en situación de IT».

Fuente: El Correo Gallego