El mapa del odio en Galicia: todo lo que revelan los 118 delitos registrados en 2025

En Galicia, el odio no tiene un único rostro ni una sola geografía. Se manifiesta en amenazas, insultos, agresiones y episodios de discriminación vinculados al origen, a la orientación sexual, a la ideología o a la religión. También en conflictos cotidianos que rara vez ocupan titulares de sucesos, pero que juntos dibujan una radiografía más compleja de la convivencia y de la crispación imperante en estos tiempos.

Tal y como se desprende del Informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio España 2025. Datos oficiales del Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, presentado este miércoles en la sede del Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE), Galicia contabilizó durante el año pasado un total de 118 delitos e incidentes de odio. Esta cifra sitúa a la comunidad en una tasa de 4,35 hechos por cada 100.000 habitantes, muy ligeramente por debajo de la media del Estado.

Vista desde el mapa estatal, Galicia aparece lejos de los grandes focos de concentración de delitos de odio. Cataluña, Madrid o Andalucía —marcadas por una elevada densidad poblacional, grandes áreas metropolitanas y una diversidad social más intensa— siguen acumulando cifras muy superiores, y es que a nivel estatal, los delitos e incidentes de odio aumentaron un 23,6% en solo doce meses. En el otro extremo, regiones menos pobladas y envejecidas, como Galicia, Asturias, Extremadura o Cantabria, presentan registros más reducidos.

Aunque esa baja posición en la comunidad suele interpretarse desde las instituciones como un indicador de cierta estabilidad social y de convivencia, organizaciones y profesionales introducen un matiz: las estadísticas solo reflejan aquello que llega a denunciarse. El miedo a exponerse, la normalización de determinados insultos o la desconfianza hacia los mecanismos institucionales y judiciales siguen dejando fuera de los registros una parte difícil de medir del problema. Basta recorrer las cifras provincia a provincia en Galicia para comprobar que las tensiones adoptan formas distintas según el territorio.

«Los procesos judiciales son eternos, por lo que, en la mayoría de las ocasiones, las víctimas de incidentes o delitos de odio con base racista, lgtbifóbica, xenófoba, o que simplemente tenga el rechazo a la diferencia como sustento, prefieren renunciar a una representación con consecuencias legales por el mero hecho de no estar rememorando lo sufrido una y otra vez», señalan desde la asociación Gota a Gota Goto Gainai. «Otro pilar fundamental es el sentimiento de desconfianza y rechazo hacia las autoridades», indican. A ello hay que sumar el «desconocimiento» sobre la propia existencia de organizaciones sin ánimo de lucro como esta, que pueden ofrecer «ayudas de tipo legal o psicológico», lo que «puede suponer la diferencia a la hora de que una denuncia se materialice».

Ochenta y ocho casos esclarecidos a final de año

En A Coruña, donde se registraron 55 hechos —casi la mitad del total gallego—, la estadística habla de una provincia atravesada por dinámicas urbanas más complejas. El peso demográfico de ciudades como A Coruña, Santiago o Ferrol, junto con una creciente diversidad poblacional, dibuja un escenario donde el racismo y la xenofobia encabezan las denuncias (18 casos), seguidos muy de cerca por los conflictos vinculados a la ideología (17) y a la orientación sexual o identidad de género (10). Son cifras que, en cierto modo, condensan algunas de las tensiones presentes en el conjunto del país, como el aumento de la diversidad, la precarización de determinados sectores laborales, la polarización política y el impacto amplificador de las redes sociales. Además, el Ministerio del Interior contabiliza 21 detenciones en la provincia, ocho vinculadas a racismo, siete, a homofobia, y cinco, por ideología.

Pontevedra ofrece una fotografía distinta. Con 39 incidentes registrados, el reparto aparece menos concentrado y más transversal. Racismo y xenofobia, orientación sexual e identidad de género comparten prácticamente el mismo peso, mientras los casos ligados a discriminación por género asoman con algo más de fuerza que en otras provincias. En ciudades como Vigo, donde confluyen mayor densidad urbana, movilidad y pluralidad social, asociaciones y colectivos llevan tiempo advirtiendo de que la convivencia también se resiente de los discursos polarizados que circulan fuera de las calles, pero terminan aterrizando en ellas.

En la provincia pontevedresa destacan, además, cuatro detenciones por aporofobia —rechazo a personas pobres o desfavorecidas—, tres de ellas sucedidas en Vigo en marzo de 2025 después de que un grupo de jóvenes, entre los que estaba un menor, agrediese a una persona sin hogar en la calle. El informe también señala dos detenciones en la provincia de Pontevedra por presuntos casos de antisemitismo. Uno de ellos se corresponde con Samir Slim, hostelero libanés en Vigo, que fue citado a declarar en julio del año pasado por un delito de odio tras expulsar a unos turistas israelíes y sionistas de su local tras una discusión por el conflicto en Gaza.

En Ourense, el dato llama la atención por otro motivo. La provincia registró solo 14 hechos, pero todos fueron esclarecidos. Racismo, xenofobia y orientación sexual concentran la mayor parte de los episodios conocidos. Pero el caso de Lugo, con 10 incidentes, obliga a manejar las cifras con cautela, al solo haberse esclarecido 6 y contar con una única detención por un caso racista.

Racismo, homofobia y política

En el fondo, las estadísticas terminan orbitando alrededor de tres grandes ejes. El primero, y más visible, es el racismo y la xenofobia, con 39 hechos registrados y 35 victimizaciones que, más allá de las agresiones físicas, suelen materializarse en amenazas, humillaciones o trato degradante. El segundo gira en torno a la orientación sexual e identidad de género, con 27 incidentes y 26 víctimas registradas, un reflejo de una tendencia estatal que mantiene a las personas LGTBIQA+ entre los colectivos más expuestos a la hostilidad verbal o a la intimidación. El tercero, la ideología política, con 28 hechos y 17 víctimas, aparece cada vez más vinculada a un clima de polarización y de ultras, donde insultos, amenazas y confrontaciones terminan abriéndose paso.

Sin embargo, Interior incide especialmente en cuanto a la capacidad de esclarecimiento. Galicia cerró 88 de los 118 casos conocidos, una tasa cercana al 75 %, superior a la media estatal.

Pero el debate no termina ahí. Organizaciones de derechos humanos y entidades sociales insisten en que el verdadero tamaño del fenómeno continúa siendo difícil de medir mientras parte de los episodios quede atrapada en el silencio, el miedo o la resignación cotidiana.

Fuente: El Correo Gallego