Una gallina de los huevos de oro pese a una prórroga ilegal: todo sigue igual con la concesión de la AP-9 un año después del demoledor dictamen de Europa

«Dichas ampliaciones (de concesiones) constituyen modificaciones sustanciales equivalentes a la adjudicación de nuevos contratos de concesión y, por lo tanto, requieren de un procedimiento de licitación». Esta frase resumía hace justo un año a la perfección el demoledor dictamen motivado de la Comisión Europea que certificaba, tras dos avisos previos en 2021 y 2024, la ilegalidad cometida en el año 2000 por el Gobierno de España liderado entonces por el PP de José María Aznar al prorrogar una concesión que debía finalizar en 2023 hasta 2048.

Esto supuso condenar a los miles de usuarios de Vigo y el resto de Galicia a seguir pagando peajes hasta casi la mitad del siglo XXI, unas tarifas además que volvieron a encarecerse desde el 1 de enero y que no hacen más que reforzar el negocio de la concesionaria, Audasa, que tiene en esta autopista su auténtica gallina de los huevos de oro.

La resolución hecha pública el 17 de julio de 2025 en Bruselas, con el Ministerio de Transportes encabezado en esta legislatura por Óscar Puente como destinatario, daba un ultimátum de dos meses a España para adoptar las medidas necesarias para revertir aquella decisión, lo que debería haber supuesto, de facto, la extinción de la concesión y la liberación de una autopista cuya concesión entró en vigor en 1973. ¿Qué ha pasado entonces en los últimos 365 días? Mucho ruido y pocas nueces y, lo más importante, ningún cambio a la hora de utilizar la autopista para los usuarios.

«No tenemos ninguna novedad, seguimos pendiente del Gobierno central, que no mueve ficha. Es increíble que sigamos pagando peajes ilegales permitiéndolo el Gobierno», exponen desde En Colectivo, la asociación que fue determinante con su denuncia en 2019 para que la Comisión Europea analizase lo sucedido con la concesión de la AP-9.

Sin embargo, todos los pasos que dio el Ministerio de Transportes desde el dictamen de hace un año dejan claras sus intenciones, que no son otras que, además de poner el foco en el PP al culparlo de la situación actual, exprimir los ya de por sí lentos tiempos de la administración hasta el máximo posible, siguiendo el ejemplo de lo que ya ocurrió con una autopista italiana, denunciada en 2009 y cuyo expediente no concluyó hasta 14 años después.

No parece casualidad que la contestación del Gobierno a Bruselas se produjese justo al límite del plazo de dos meses concedido, todo bajo el argumento de «la defensa de los intereses generales de España», una defensa que se lleva en un absoluto secretismo, ya que se ha echado el candado al expediente amparándose en la confidencialidad pese a las distintas reclamaciones para que se haga público, aunque el Tribunal Supremo ha avalado tenerlo bajo llave.

«Es increíble seguir pagando peajes ilegales», censuran desde En Colectivo

Lo que sí se sabe es que la estrategia pasa por mantener todo igual, sin cambios, como punto de partida de una larga batalla jurídica que, según fuentes comunitarias, supone que durante los últimos meses la Comisión Europea y el Ejecutivo español hayan estado intercambiando documentación para «encontrar una solución» que satisfaga a Bruselas, que se guarda un comodín que la gran mayoría de implicados en este asunto esperan que se ponga sobre la mesa antes o después, que es elevar el expediente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Precisamente, la inexistencia de una resolución judicial es otra de las tesis en la que se apoya Transportes para defender que no se ha certificado una ilegalidad, desoyendo el clamor político (con todas las fuerzas e instituciones gallegas de uno y otro color defendiendo la gratuidad de la AP-9) y social, con diferentes manifestaciones celebradas, sobre el tema. El rescate de la concesión, sin embargo, no está en la mente ni en la mesa de Óscar Puente, que lo ha rechazado por activa y por pasiva en diferentes intervenciones en Congreso y Senado.

«Rescatar una concesión tiene unas connotaciones de carácter jurídico y económico muy importantes que el Gobierno no puede adoptar. La Comisión Europea ha emitido un dictamen que no es vinculante y tendrá que ser el TJUE el que diga si hubo o no ilegalidad. Mientras tanto, seguiremos bonificando», contestaba Puente a una pregunta parlamentaria en octubre del año pasado.

Ha asegurado el ministro en reiteradas ocasiones que la factura de un hipotético rescate sería «inasumible» para la hucha del Estado, todo ello mientras los pagos que el Gobierno está realizando a Audasa para compensar las bonificaciones no dejan de crecer, desvelando las cuentas de la concesionaria de la AP-9 que ya cuatro de cada diez euros de su facturación procedían de las arcas públicas, bien sea por los descuentos que se aplican a usuarios recurrentes con telepeaje o por los peajes en la sombra.

Los cálculos y estimaciones de lo que supondrían estos pagos hasta 2048 si nadie obliga a dar carpetazo a la concesión, algo más de 4.000 millones de euros, es una cifra similar a la que desvelaba el propio Gobierno central el rescate de la AP-9, una cantidad que otros estudios, como los presentados por la Xunta o la Universidade de A Coruña, rebajan sustancialmente a una horquilla entre los 1.500 y los 2.500 millones.

Las últimas cuentas anuales presentadas por Audasa, correspondientes al 2025, desvelan que el beneficio neto de la concesión de la autopista superó por primera vez la barrera de los 100 millones de euros, tras una facturación también de récord que rozó los 232 millones. Esta última cantidad representa siete de cada diez euros de la cifra de negocio de todo el Grupo Itínere, la matriz de Audasa. Sin duda, un auténtico filón que, por el momento, tiene la fecha de caducidad en 2048.

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