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Política

Galicia, entre las pocas autonomías con residencia oficial para su presidente: Monte Pío costó 9 millones

La polémica por el ático de 6,3 millones adquirido por el Gobierno de Ayuso reabre el debate sobre las viviendas institucionales de los dirigentes autonómicos

Vista general del complejo residencial del presidente de la Xunta de Galicia.

Vista general del complejo residencial del presidente de la Xunta de Galicia. / Xoán Álvarez

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Irene Bascoy

Irene Bascoy

La polémica abierta por la compra de un ático de lujo en Madrid para uso institucional de la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a poner el foco sobre una cuestión que pocas veces entra en el debate público: ¿cuántos presidentes autonómicos tienen una residencia oficial a su disposición y cuánto cuestan estos inmuebles a las arcas públicas?

Galicia forma parte del reducido grupo de comunidades que cuentan con una residencia presidencial propiamente dicha. Se trata de Monte Pío, el complejo levantado durante la etapa de Manuel Fraga en una colina de Santiago de Compostela y concebido al mismo tiempo como vivienda del titular de la Xunta, sede de reuniones y espacio de representación institucional.

La controversia madrileña ha convertido así las viviendas presidenciales en asunto político. La Comunidad de Madrid compró en abril, a través de la empresa pública Planifica Madrid, un ático de 485 metros cuadrados en el acomodado barrio de Chamberí. El inmueble, que dispone además de una terraza de unos 200 metros, costó 6,3 millones de euros y debía servir como oficina provisional de Ayuso mientras se acometían obras en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo madrileño.

La operación provocó críticas por su coste, por la forma utilizada para adquirirlo y porque el edificio tiene uso residencial. El Gobierno madrileño defendió que no se trataba de una casa para la presidenta, sino de un espacio destinado temporalmente a reuniones institucionales. Tras hacerse pública la controversia, anunció que pondría el ático a la venta y que dedicaría los ingresos a actuaciones relacionadas con los daños causados por los incendios en la Sierra Oeste.

Solo una minoría dispone de residencia

Galicia, País Vasco, Cataluña, Extremadura y Canarias disponen de viviendas o complejos reconocidos claramente como residencias presidenciales, aunque muchos de sus actuales titulares no viven en ellos de forma permanente.

La lista se amplía si se incluyen apartamentos institucionales, alojamientos de uso ocasional o viviendas a disposición del presidente. Asturias dispone de un apartamento en la sede de la Presidencia; Castilla-La Mancha tiene otro en el Palacio de Fuensalida, y Castilla y León ha contado con una vivienda alquilada en Valladolid. En total, ocho autonomías disponían, según el último mapa elaborado por EFE, de algún tipo de alojamiento para su presidente.

La mayoría de estos inmuebles combinan una función residencial con otra institucional. En la práctica, los presidentes prefieren continuar en su domicilio particular y utilizan las residencias únicamente para actos oficiales, reuniones, recepciones o estancias puntuales derivadas de su agenda. Sería el caso del actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que sigue viviendo en su piso de la ciudad de Pontevedra. En cambio, sus antecesores en el cargo, desde Fraga que ordenó la construcción hasta Emilio Pérez Touriño y Alberto Núñez Feijóo utilizaron Monte Pío, como se conoce coloquialmente a la residencia oficial, como vivienda.

Monte Pío, la “Moncloa gallega” de Fraga

La residencia oficial gallega nació durante la larga presidencia de Manuel Fraga. El complejo de Monte Pío fue promovido por su Gobierno y se estrenó en abril de 2002, tres años antes de que Fraga abandonase la Xunta. Hasta entonces, el presidente había residido en un chalé situado en Roxos, también en el municipio de Santiago, que se consideraba poco adecuado para compatibilizar la vida privada con la actividad institucional.

El proyecto fue encargado al arquitecto Manuel Gallego Jorreto, una de las figuras más reconocidas de la arquitectura gallega contemporánea. El edificio se levantó en la finca de Monte Pío, en la zona de Casas Novas, sobre una de las colinas que rodean el casco histórico compostelano.

La construcción fue concebida como un complejo presidencial y no únicamente como una vivienda. Cuenta con una zona privada para el presidente y su familia y otra destinada a despachos, reuniones, recepciones y actividades oficiales. La finca ocupa unos 25.000 metros cuadrados y alcanza alrededor de 70.000 si se suma la superficie verde y el parque asociado al proyecto.

El coste de la obra rondó los 1.500 millones de pesetas, según desveló posteriormente el Gobierno de Emilio Pérez Touriño. Son algo más de 9 millones de euros.

Palacios históricos, chalés y apartamentos

En el País Vasco, el lehendakari dispone del palacio de Ajuria Enea, en Vitoria, un edificio de comienzos del siglo XX que combina vivienda y espacios oficiales, aunque el actual lehendakari, Imanol Pradales, vive con su familia en Portugalete y utiliza el palacio para funciones institucionales.

Cataluña cuenta con la Casa dels Canonges, que tiene la consideración histórica de residencia oficial del president, pero desde hace años no funciona como vivienda habitual. De hecho, actualmente también alberga dependencias del Departamento de Unión Europea y Acción Exterior. Illa sí la emplea para actos de trabajo, como reuniones con dirigentes políticos, pero no reside allí. Salvador Illa mantiene su domicilio particular .

En Extremadura, la residencia presidencial es la Casa del Río, un chalé situado en Mérida, junto al Guadiana, con jardín y piscina. La presidenta de Extremadura, María Guardiola, sigue viviendo en su residencia de Cáceres y utiliza la Casa del Río para actividades institucionales.

Canarias dispone de alojamientos vinculados a las sedes de la Presidencia en sus dos capitales. Asturias y Castilla-La Mancha, por su parte, tienen pequeños apartamentos integrados en edificios institucionales y pensados para pernoctaciones excepcionales, no como vivienda habitual.

En otras comunidades, la normativa contempla compensaciones económicas para presidentes que deben desplazarse o cambiar de residencia por razón de su cargo. Andalucía y la Comunidad Valenciana, por ejemplo, han regulado ayudas o indemnizaciones por alojamiento.

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Fuente: Faro de Vigo

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