Los afectados por los PIA en Galicia, ante una difícil decisión: aceptar la expropiación o asumir el coste de urbanizar

Los propietarios afectados por los Proyectos de Interés Autonómico (PIA) residenciales, con los que la Xunta busca generar suelo para poner en marcha viviendas protegidas, afrontan con preocupación el avance de unos proyectos que los colocan ante una disyuntiva difícil: asumir una expropiación que consideran insuficientemente valorada o afrontar los costes de participar en la urbanización.

Los afectados consultados por este diario sitúan en algo menos de 12 euros por metro cuadrado el justiprecio que se les ha trasladado por la expropiación forzosa. Una tasación que consideran exigua con respecto al valor que atribuían a sus terrenos.

«Entendemos el proceso. La ciudad necesita vivienda y Mallou debe ser urbanizado, pero el precio que plantean por las expropiaciones es ridículo», lamenta Juan Granja, propietario afectado por el proyecto puesto en marcha en el barrio compostelano. Liliana Mouteira, con una finca de 3.000 metros cuadrados afectada por el PIA de San Mauro (Pontevedra), explica que el precio que le pagarían por la expropiación es cinco veces menor al valor de su finca cuando le fue adjudicada en herencia.

También en el Ofimático, en Vigo, Fernando Rodríguez pone sobre la mesa un caso que, a su juicio, evidencia la distancia entre el precio de compra de los terrenos y la valoración que reciben ahora sus propietarios. Cuenta que un vecino adquirió hace algo más de un año una parcela situada junto a la casa de su padre por unos 40.000 euros y que, con la expropiación, el valor que se le atribuye a esa misma finca se reduce a unos 4.000 euros.

Participar en la urbanización

Para sortear la expropiación forzosa, los propietarios únicamente tienen una opción: participar en el proceso de urbanización. Para ello, según las condiciones fijadas ya en el PIA de San Mauro, los afectados deberían abonar unos avales y, posteriormente, asumir un coste de casi 143 euros por metro cuadrado de la parcela de origen. De este modo, para una finca de 3.000 metros cuadrados como la de Mouteira, la cuenta rondaría los 428.000 euros. «Es muchísimo», resume Juan Granja, que apunta que en el PIA de Mallou existen terrenos de grandes extensiones: «Aquí hay gente con parcelas de 20.000 metros, es imposible asumir ese coste».

Por ello, algunos afectados están estudiando la posibilidad de contactar con inversores que puedan aportar el capital necesario para participar en la urbanización. «Es la única forma que tenemos de rentabilizar nuestros terrenos», asegura Juan Granja. Sin embargo, esta vía tampoco despeja las dudas de los propietarios. Fernando Rodríguez explica que los afectados del Ofimático ya han recibido propuestas tanto de un inversor como de una empresa especializada en la gestión de cooperativas. En el primer caso, relata, la propuesta pasa por que el inversor aporte el capital a cambio de un acuerdo privado con los propietarios. El problema aparece a la hora de determinar cuánto recibirán estos por sus terrenos: «Ellos ponen el dinero, pero no te aseguran lo que vas a cobrar», explica.

Según relata, la propuesta incluía inicialmente una cantidad garantizada de 25 euros por metro cuadrado, a la que se añadiría posteriormente la parte que correspondiese en función del resultado de la operación. Una fórmula que, a juicio de los afectados, tampoco resuelve la incertidumbre: «No existe ninguna garantía sobre cuál será el resultado final. Además, si esto se retrasa ocho años o diez años, no te dan ninguna garantía».

La alternativa de las cooperativas tampoco los convence. Habría que crear una sociedad intermedia que gestione la promoción y agrupe a propietarios y futuros compradores de las viviendas. Sin embargo, las consecuencias si el proyecto se demora continúan recayendo en el propietario: «El responsable físicamente directo siempre eres tú como propietario».

Fuente: El Correo Gallego