La Xunta destina hasta 1,78 millones a vigilar el transporte de más de 42.000 escolares

Mover cada día a decenas de miles de alumnos hasta sus colegios, comprobar que los autobuses cumplen las condiciones exigidas, modificar una parada cuando cambian las necesidades de un centro, atender las quejas de las familias o abrir un expediente cuando una empresa incumple su contrato. La Xunta quiere reforzar el control sobre toda esa maquinaria y ha sacado a contratación una asistencia técnica que podrá costar hasta 1,78 millones de euros para supervisar durante los próximos años el transporte escolar de uso especial y el servicio adaptado para personas con problemas de movilidad.

La magnitud del sistema que quedará bajo vigilancia da una idea del alcance del contrato. Solo los 71 nuevos contratos de transporte escolar de uso especial incluidos en el encargo permiten desplazar diariamente a más de 42.000 alumnos, a través de cerca de 1.500 rutas para las que se exigen como mínimo 1.246 vehículos. A ellos se suman los ocho contratos del Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal (SGAMP), conocido como 065, destinado a personas con discapacidad o dependencia que no pueden emplear el transporte público convencional. El propio pliego establece que ambos bloques —79 contratos en total— quedarán sometidos al seguimiento de la nueva asistencia.

Y detrás hay también una importante factura pública. Los Presupuestos de Galicia para 2026 reservan 90 millones de euros para el transporte escolar y otros 6,4 millones para el 065. En realidad, el dispositivo escolar completo es todavía mayor que el afectado directamente por esta licitación: la Xunta contabiliza en el conjunto de Galicia 3.374 rutas que cubren los desplazamientos de casi 81.000 estudiantes, incluyendo también los servicios escolares integrados en las líneas ordinarias de transporte público.

Los 71 contratos que ahora serán fiscalizados fueron renovados precisamente el pasado año. La Xunta elevó entonces un 12% su presupuesto y destinó más de 95 millones de euros a los dos primeros años de servicio, mientras que su valor estimado alcanza los 257 millones si se tienen en cuenta todas las posibles prórrogas hasta un máximo de cinco ejercicios.

Algo similar ocurrió con el transporte adaptado. Los ocho nuevos contratos del SGAMP comenzaron a implantarse entre 2025 y 2026 después de que el Gobierno gallego autorizase una contratación por 18,63 millones de euros para tres años. Si se agotan las prórrogas previstas hasta cinco ejercicios, su valor estimado se aproxima a 31,6 millones.

Desde cambiar una parada hasta comprobar un autobús

La empresa que consiga la nueva asistencia técnica tendrá que controlar prácticamente todos los flancos del servicio. Una de sus tareas será analizar las modificaciones que vayan surgiendo en las rutas escolares: incorporación o traslado de paradas, creación o alteración de líneas, cambios de itinerarios y horarios o incorporación y supresión de expediciones.

La consultora estudiará cada propuesta, elaborará los correspondientes informes y preparará la documentación administrativa necesaria para aprobar o rechazar los cambios. También deberá incorporarlos a las bases de datos con las que Mobilidade gestiona el transporte.

El control llegará directamente hasta los vehículos utilizados por las empresas. La adjudicataria deberá ayudar a comprobar que los autobuses reúnen las características técnicas y de calidad prometidas en las licitaciones. Aunque parte de esta vigilancia se realizará mediante las aplicaciones tecnológicas de la Xunta, el contrato contempla también comprobaciones materiales sobre el terreno.

Y no solo se examinarán los autobuses. También se verificará que conductores y acompañantes cumplan los requisitos exigidos y podrán realizarse inspecciones in situ. La consultora comprobará asimismo las instalaciones que utilizan las empresas para prestar los servicios.

Multas a las empresas que incumplan

Uno de los capítulos centrales será el control de los incumplimientos. Habrá verificaciones aleatorias y otras periódicas y programadas sobre las condiciones de los 79 contratos. Si se detectan irregularidades, la asistencia técnica recopilará los datos y preparará los informes que permitirán a la Xunta abrir expedientes de penalización contra las compañías.

Los incumplimientos podrán proceder también de denuncias o actuaciones de la Inspección de Transporte, la Guardia Civil, otras administraciones o particulares. La consultora analizará cada caso y elaborará informes técnicos, económicos o jurídicos.

Su cometido continuará incluso si el conflicto termina en los tribunales: prestará apoyo a la Administración ante recursos administrativos y contencioso-administrativos de las empresas, reclamaciones económicas o posibles procedimientos para resolver anticipadamente alguno de los contratos.

Las quejas de las familias y hasta lo que aparezca en prensa

La vigilancia también alcanzará a las reclamaciones de los usuarios. La adjudicataria tendrá que crear protocolos para gestionar consultas, quejas y reclamaciones que lleguen mediante registro, correo electrónico, teléfono, web o redes sociales y preparar respuestas para la Administración.

El contrato incluye expresamente las reclamaciones trasladadas por la Valedora do Pobo o el Defensor del Pueblo.

Pero el control irá todavía más allá. La empresa deberá realizar un seguimiento de las noticias publicadas en los medios de comunicación sobre incidencias en el transporte escolar o el 065 y elaborar informes técnicos para la Xunta cuando detecte una queja sobre el funcionamiento de los servicios. Esos documentos podrán incluir propuestas de medidas correctoras.

También deberá comprobar periódicamente que la información que ofrecen las webs y aplicaciones de la Administración y de las empresas coincide con la realidad de los servicios contratados.

Encuestas para saber si los escolares están satisfechos

Parte de la inspección se realizará preguntando directamente a quienes utilizan el sistema. Cada año se desarrollará un trabajo de campo para evaluar la calidad.

En el transporte escolar se realizarán encuestas a los centros educativos para conocer la valoración de la comunidad escolar. Entre otras cuestiones, se preguntará por la facilidad para subir y bajar de los vehículos, seguridad, comodidad, limpieza, conservación, trato del personal, tiempos de espera en las paradas y duración de los viajes.

En el caso del 065 se harán encuestas directamente a sus usuarios y también se comprobarán sobre el terreno determinadas expediciones.

Siete técnicos y hasta cinco años de contrato

Para ejecutar todo este trabajo, la adjudicataria tendrá que disponer como mínimo de siete profesionales: un coordinador, cuatro titulados especializados en planificación o gestión del transporte, un experto jurídico y un especialista en tecnologías de la información.

El contrato tendrá inicialmente una duración de 24 meses, pero podrá prorrogarse durante otros 36. El presupuesto para los dos primeros años asciende a 863.086 euros, IVA incluido, y las posibles prórrogas añaden algo más de un millón. Su valor estimado, sin IVA, alcanza así los 1,78 millones de euros.

Una cantidad destinada, en definitiva, a controlar un engranaje que solo en transporte escolar mueve a decenas de miles de niños cada jornada y que, sumando el transporte escolar y el servicio adaptado 065, tiene consignados 96,4 millones de euros en los presupuestos autonómicos de este año.

Fuente: Faro de Vigo