La plantilla de la Policía autonómica cae al mínimo del siglo con un tercio de vacantes sin cubrir

La Unidad de Policía Nacional adscrita a Galicia (UPA) finalizó el año 2025 con 337 efectivos, la plantilla más exigua en lo que va de siglo XXI, tras encadenar doce años de descensos y diezmada si se compara con la de 2013. Ese fue el año en que el cuerpo registró incorporaciones por última vez a través de una convocatoria del Ministerio del Interior y cuando se alcanzó la cifra récord de agentes de la serie histórica desde su creación, en 1991.

Si bien ni siquiera entonces todas las plazas del catálogo de puestos de trabajo, fijadas en medio millar, se cubrieron, apenas 26 agentes de la conocida como Policía autonómica separaban la plantilla real de la teórica. Sin embargo, esa brecha se ha ido ampliando en los siguientes ejercicios hasta la situación actual, en la que estarían sin cubrir 163 puestos, uno de cada tres. La previsión de la Xunta, de no actuar el Gobierno, es que esa mengua prosiga debido a las jubilaciones, teniendo en cuenta que la edad media del personal es de 50 años, seis más que hace una década.

Esa sangría coincide, además, con que, a la seguridad de personalidades y edificios de la Xunta, sus misiones iniciales, los agentes fueron sumando más encomiendas, desde la investigación de incendios forestales hasta la atención de menores y de las víctimas de violencia de género, pasando por el control del furtivismo o la vigilancia de la ruta jacobea, una tarea que la Xunta augura que será «especialmente exigente» en 2027 por el Xacobeo.

Categorías más afectadas

La Memoria 2025 de la UPA advierte que ese «déficit de personal» afecta «a todas las categorías», pero, de «forma especial», a la ejecutiva y de subinspección. El documento alerta de la falta de un mayor número de inspectores y subinspectores, que considera claves en la dirección, mando y organización de los servicios de toda unidad policial, e insta a que esa situación se «corrija» en un futuro inmediato».

La Xunta lleva años reclamando al Ministerio del Interior, del que la unidad depende orgánicamente, la cobertura total de las plazas que corresponden a la comunidad y el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, advirtió hace unos meses que, de no cubrirlas, se «reduce» la capacidad operativa de la UPA, abocada al «reajuste» de funciones.

Calvo advirtió entonces que la UPA —que en sus orígenes Manuel Fraga veía como «germen» de una unidad «propia»— no podrá prestar servicios que no son de competencia autonómica, como la protección de víctimas de violencia de género, que asume por colaboración. Como parte de esa reestructuración, el pasado octubre, la Xunta retiró los efectivos destinados en el Parlamento y en San Caetano y avisó de que los cambios no cesarían ahí.

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