El Gobierno destina 5,1 millones de euros a Galicia para compensar las zonas de alquiler tensionado

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana «reforzará» con 90 millones de euros a las comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado para que puedan incrementar la oferta de vivienda asequible. De ellos, 5,1 le corresponderían a Galicia, donde han declarado zonas tensionadas las ciudades de A Coruña y de Santiago de Compostela.

Así lo anunció este miércoles la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, durante una visita a un complejo residencial ubicado en Navarra destinado a una treintena de viviendas de precios de alquiler asequible.

Según explica Vivienda en un comunicado, el objetivo de la partida estatal es «contribuir a incrementar la oferta de vivienda asequible para reducir los precios del alquiler en estas zonas, en colaboración con las administraciones correspondientes».

«Declarar zona tensionada no es hacer una fiesta, es reconocer un problema y tomar decisiones. La primera, congelar el precio del alquiler. Pero también implica un esfuerzo por movilizar y construir vivienda por parte de todas las administraciones», afirmó la ministra, quien explica que las ayudas anunciadas deben «servir para promover y construir más vivienda pública, para rehabilitar vivienda y dedicarla a alquiler asequible».

Criterios del reparto

De cara al reparto, se valoró cuánta población residía en las zonas afectadas y el porcentaje de hogares en situación de sobreesfuerzo en el pago del alquiler, definido por la cifra de familias que destina más del 40% de sus ingresos netos a abonar su vivienda habitual.

En el caso de Galicia, el primer término de la ecuación se traduce en 2,68 millones de euros, al incluir 352.119 vecinos en las zonas de alquiler tensionado, mientras que las familias que deben hacer un sobreesfuerzo para costearse la casa se cifran en un 6,81%, el menor porcentaje de los reflejados en la tabla de beneficiarios. En el País Vasco el dato casi se triplica.

Vivienda avanza que su intención es que las autonomías beneficiarias, que incluyen Cataluña, País Vasco, Navarra y Asturias, además de Galicia, reciban el dinero en un solo pago a más tardar cinco meses después de que entre en vigor el real decreto que regula la subvención, por ahora un borrador sometido a trámite de información pública y pendiente de ser aprobado por el Consejo de Ministros.

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