Más de la mitad de las inspecciones de la Policía Autonómica sobre la gestión de residuos en Galicia acaba en denuncia

La ley obliga a que determinados residuos de producción industrial se tengan que tratar o reciclar necesariamente a través de gestores autorizados, pero la realidad es bien distinta, con un incumplimiento mayoritario de la normativa. Tanto que más de la mitad de las inspecciones específicas sobre esta exigencia legal realizadas durante el pasado año por la Unidad de Policía Nacional Adscrita a Galicia (UPA) —la Policía Autonómica— acabaron en denuncia. La memoria anual del cuerpo recoge que durante 2025 se ejecutaron 1.244 inspecciones que se saldaron con la presentación de 642 denuncias, lo que supone que las actuaciones con eventual resultado sancionador representan el 51,6% del total de los controles efectuados.

Esta elevada proporción cobra especial relevancia por el objeto de estas actuaciones porque, según explica la propia UPA, la vigilancia persigue comprobar que los residuos son gestionados por empresas autorizadas «y así evitar que puedan ser eliminados o destruidos sin control, con el consiguiente riesgo de contaminación para espacios habitados, animales o naturales». La vigilancia se extiende tanto a los productores, sean pequeños o grandes, como a las empresas encargadas de gestionar los residuos e incluso a los concellos, para comprobar el destino final de los distintos contenedores según el tipo de basura selectiva que recogen.

El grueso de las actuaciones se concentró en los residuos domésticos y urbanos y los vehículos abandonados. En esta categoría se practicaron 1.005 inspecciones que dieron lugar a 574 denuncias, una proporción todavía superior a la media, ya que superó el 57%. Este apartado supone, además, casi nueve de cada diez denuncias contabilizadas en el conjunto de controles sobre residuos sólidos.

Otro de los frentes son los productores y gestores de residuos, con especial atención a talleres mecánicos, pequeñas industrias y establecimientos que generan materiales contaminantes como aceites, plásticos, baterías o neumáticos. En estos casos los agentes revisan los libros oficiales de entrega, las condiciones de almacenamiento provisional y el cumplimiento de los plazos para entregar los residuos a gestores autorizados. En 2025 se realizaron 37 inspecciones que acabaron con 17 denuncias, casi la mitad.

Los controles alcanzaron igualmente a los residuos de construcción y demolición, incluidos materiales como escombros, PVC, fibrocemento, amianto, pinturas o asfaltos. La UPA efectuó 149 inspecciones y presentó 43 denuncias en la categoría que agrupa residuos de construcción, inertes y peligrosos. La memoria recuerda que las obras deben disponer de una planificación para la gestión de estos restos y entregarlos posteriormente a gestores autorizados para su tratamiento o reciclaje.

Además de estas inspecciones, la Policía Autonómica también rastrea los montes y áreas periurbanas para localizar vertederos ilegales. Durante el pasado año se localizaron o controlaron 459 puntos de este tipo, denunciándose 257 de ellos. La incidencia fue especialmente elevada en los depósitos donde predominaban los residuos urbanos, con 126 denuncias en 154 inspecciones.

Suscríbete para seguir leyendo