La primera teniente de alcalde de Culleredo y responsable del área de Servicios Sociales, Raquel Jabares, acusa al Concello da Coruña de "deportar de forma sistemática" a chabolistas a otros municipios de la comarca. Jabares denuncia que, al traspasar el problema a otros municipios, la Administración coruñesa también está obligando a estos concellos a ampliar su inversión en políticas de integración. La situación se agravará más en Culleredo ahora que la Xunta ha resuelto denegarle la subvención de la que disfrutaban desde 1993 dentro del Plan de Desenvolvemento Xitano.
"Sorprendidos y asombrados", aseguran sentirse en Culleredo por la retirada de esta ayuda ya que consideran que cumplen con los criterios de baremación fijados y explican que incluso la Universidade da Coruña ha destacado su proyecto de erradicación del chabolismo como ejemplo de inclusión social.
"Es un problema económico, ahora no podremos atender a los deportados que vienen del Concello de A Coruña, que sí que va a cobrar la subvención, mientras el gasto lo hacemos los que no vamos a cobrarla", reprueba Jabares. Asegura, además, que "prácticamente todos" los ayuntamientos a los que le han confirmado la ayuda están gobernados por el Partido Popular. Asevera también que la metrópoli recibirá una cantidad "muy importante" por sus asentamientos.
En el censo de personas en riesgo de exclusión social del que dispone el Concello hay alrededor de 30 familias (100 personas). De todos modos, Jabares explica que estos datos no reflejan la realidad. "Es muy complicado cuantificarlas porque no entran de una manera formalizada", indica y sostiene que se debe a la falta de información y coordinación por parte del Ayuntamiento herculino. "Nosotros las detectamos cuando surgen los conflictos con los vecinos", admite y argumenta que la gente procedente de los asentamientos coruñeses no acude a los Servicios Sociales cullerdenses porque sus requisitos son más estrictos.
La forma de proceder de sus homólogos coruñeses, según Jabares, es conceder dinero a estas personas para que abandonen el territorio municipal sin exigirles ningún tipo de requisito. "No sabemos cómo se puede dar dinero a una familia para que se marche, queremos que nos expliquen cuáles son los mecanismos", cuestiona Jabares que considera estas prácticas "ilegales". "Es algo que la Xunta sabe que hace A Coruña, porque es público, y aún así le dan la ayuda. Denuncia que las familias llegan sin ni tan siquiera tener la solicitud de la Renta de Integración Social de Galicia (Risga) tramitada.
Uno de los casos más flagrantes de los que la primera teniente de alcalde ha tenido conocimiento es de la existencia de un piso en Culleredo donde el Concello de A Coruña preparaba a las familias para enviarlas a otros inmuebles.
El Ejecutivo local de A Coruña respondió ayer a Jabares que no se ha trasladado a ninguna persona de Penamoa a Culleredo desde el cambio de gobierno y le invitan a sentarse a hablar sobre este problema.
Suplemento
El Gobierno cullerdense esperaba percibir del Plan de Desenvolvemento Xitano de la Xunta alrededor de 30.000 euros. Contaban con ellos para sufragar, entre otras cosas, los programas de trabajo social desarrollado con estas familias, la acogida de los que llegan nuevos, los planes individualizados, la cooperación con otras asociaciones en esta materia o las relaciones con otras áreas municipales como educación y sanidad. Ahora, se han visto obligados a hacer un suplemento en la partida de emergencias sociales de 25.000 euros para poder mantener los programas de integración social. "Esa es la diferencia entre las políticas de los que premian a sus amigos y las de los que decimos las cosas claras", sentencia.
