La Diputación de A Coruña ha decidido modernizar su sistema sancionador a través de un proyecto pionero que probará en el municipio de Arteixo y que sustituirá los boletines de papel por dispositivos BlackBerry que utilizarán los policías locales y a través de los cuales estarán conectados "directamente" con la base de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). Se trata del Proyecto Diplus, cuyos antecedentes se remontan al año 2009, cuando la institución coruñesa se hizo cargo de las recaudaciones de las sanciones. "Ahora se da un paso más", indicó ayer el presidente de Diputación, Diego Calvo, en la presentación la iniciativa.

Calvo informó de que con el nuevo sistema, la institución provincial logrará reducir el tiempo de tramitación de las multas. "Antes (el plazo) era de un mes, pero con este sistema se vuelca directamente a la Diputación", explicó, ya que el Ayuntamiento ya no realiza la grabación del expediente.

El tesorero de la Diputación, Enrique Calvete, detalló a los medios el funcionamiento del sistema operativo, que "a partir de ahora" se simplifica. "Cada agente tendrá un dispositivo BlackBerry que grabará en el momento la denuncia y la imprimirá en el acto a través de una impresora portátil", explicó. Así, "se logrará mejorar la posibilidad de cobro", al mismo tiempo que el pago será "directo", por transferencia o tarjeta, en este último caso a través del acceso por parte del agente a la oficina virtual. Por ello, Calvete afirmó que "en un futuro" espera la implantación de la administración electrónica, que facilitará todavía más los trámites.

Además, con la informatización del sistema "los datos del conductor y del vehículo se capturan directamente en la base de datos de la DGT", subrayó, mientras que calificó la iniciativa de "pionera" al no haber "ninguna entidad" que tenga conexión directa con la DGT.

Para la puesta en marcha del proyecto se utilizará como ayuntamiento piloto a Arteixo, para más tarde incorporarse los de Cambre, Narón y así "progresivamente" hasta que esté instaurado en los 41 ayuntamientos que delegaron el cobro de las sanciones de tráfico en la Diputación. Entre ellos también se encuentran los de Bergondo, Betanzos, Cabanas, Camariñas, Carballo, Carral, Cee, Cerceda, Corcubión, Culleredo, Fisterra, A Laracha, Laxe, Malpica, Muxía, Ponteceso, Pontedeume, Sada y Vimianzo.

En cuanto a los gastos económicos del nuevo sistema, Calvete aseguró que no tendrá coste alguno para los ayuntamientos, que "seguirán pagando el 5% de la recaudación líquida".