Cuatro miembros del Gobierno local de Vimianzo cuando se adjudicó la polémica obra de la Casa de Cultura al hermano del exalcalde Alejandro Rodríguez prestaron declaración ayer ante el titular del juzgado número uno de Corcubión, acusados del delito de prevaricación. Los imputados negaron conocer el sobrecoste del edificio que reclamó el constructor, por importe de casi 800.000 euros, hasta que el caso llegó a los tribunales.
El más explícito fue el actual portavoz del PSOE, Antonio Miñones -teniente de alcalde en la pasada legislatura-, quien insistió en que nunca tuvo conocimiento de ese sobrecoste porque no figuraba en ningún asunto plenario ni en las juntas de gobierno. Miñones matizó que todos los acuerdos se tomaban en esos órganos, tal como recogen las actas correspondientes, y en el caso de haber otros informes aclaró que estarían en manos de Secretaría o Alcaldía, pero que él nunca tuvo acceso a ellos.
El portavoz socialista declaró a su salida del juzgado que no tiene nada que ocultar y que todos los acuerdos se recogen "con luz y taquígrafos" en las actas. También negó conocer quién había ordenado las obras fuera de contrato que provocaron el sobrecoste de 800.000 euros y se mostró partidario de que el asunto se aclare cuanto antes.
Antonio Miñones actuaba como alcalde accidental cuando se tomaban los acuerdos sobre la Casa de Cultura porque el regidor, Alejandro Rodríguez, no podía votar por razones de parentesco. Miñones es el único edil imputado que continúa en activo, ya que los otros tres que declararon ayer ya abandonaron la vida política. Se trata de Manuel Castro Lema, que también ejerció de teniente de alcalde en varias legislaturas; Alfredo Suárez y Claudio Pereira. Los tres formaron parte de varios gobiernos socialistas y fueron mano derecha de Alejandro Rodríguez en sus mandatos.
Los tres exconcejales también defendieron ayer su inocencia ante el juez, aunque en muchas de las cuestiones sobre las que fueron interrogados se limitaron a decir que las desconocían o no las recordaban. Ayer también estaba citado como imputado el aparejador de la Casa de Cultura, Jaime Casais, aunque no compareció y será llamado otro día a declarar.
Estas nuevas declaraciones se suman a las realizadas hace unas semanas por el constructor de la obra, Manuel Rodríguez Lema, y el arquitecto municipal y director de obra, Julio Vázquez, que también están acusados de prevaricación. Estas imputaciones se produjeron a raíz de una denuncia de la portavoz del PP de Vimianzo, Carmen Borbujo, presentada por vía penal para esclarecer quién ordenó realizar las obras fuera de contrato que provocaron el sobrecoste al que ahora tiene que hacer frente el Concello. Una sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) obliga al Ayuntamiento a pagar esa deuda de 800.000 euros, además de los intereses y las costas, al reconocer que las obras están ejecutadas y deben pagarse.
El Ayuntamiento solicitó un préstamo el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 300.000 euros para realizar el primer pago este año y el resto tendrá que afrontarse en el próximo ejercicio. La Casa de Cultura fue adjudicada por un presupuesto de 1,1 millones de euros y el precio final supera los 2,5 millones.
