El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de A Coruña ha rechazado el recurso de la empresa Galiponte contra la decisión del anterior Gobierno local de Sada de denegarle una prórroga para las obras de reposición de la legalidad de El Náutico, que incluían el derribo parcial del edificio.

El juez sostiene que la denegación, acordada el pasado 21 de mayo de 2010, es conforme a derecho y no da por válidos los argumentos de la compañía, que justificó el retraso apelando a "una serie de imprevistos". El fallo no es firme y Galiponte podrá interponer un recurso de apelación en el plazo de quince días, a contar desde el pasado 23 de diciembre.

Este proceso se remonta a noviembre de 1992. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictó ese año una sentencia, ratificada por el Supremo en 1999, que anulaba el proyecto constructivo de este local hostelero ubicado en el paseo marítimo de Sada. Los jueces fundamentaron el fallo en la existencia de un exceso de edificabilidad en relación a la licencia.

Tras reiteradas providencias del juzgado, el Concello dictó un decreto en julio de 2007 en el que requería al titular de la concesión para que en el plazo de tres meses presentase el proyecto de demolición parcial de la cafetería. La orden afectaría a 141 metros cuadrados de su superficie, según el informe técnico, 31 de la planta baja y 68 de la superior. El informe suscrito en 2007 por el arquitecto municipal precisaba además que la empresa concesionaria obtuvo en 1997 permiso para cubrir la terraza de la planta superior con una "cubierta provisional, fácilmente desmontable" que, sin embargo, se cerró de forma permanente como si fuese un segundo piso.

El Concello comunicó todas estas irregularidades a la concesionaria de El Náutico y le advirtió que, de no presentar el proyecto de legalización del edificio en el plazo de tres meses acordaría la ejecución subsidiaria de la demolición parcial y el cese definitivo de los usos. La empresa obtuvo en enero de 2009 licencia para ejecutar los trabajos, que debería realizar en seis meses. Transcurrido el plazo previsto para su ejecución por una serie de "imprevistos" solicitó al Concello que le fue denegada, así como su recurso. Sostuvo Galiponte que el retraso se debió, en parte, a "la ejecución de labores no proyectadas pero previas y necesarias" y a la inundación de los sótanos, que retrasó el inicio de las obras. Refería además la empresa en su alegato los daños causados por actos de vandalismo que obligaron a vallar el edificio y ejecutar arreglos.

La empresa sostiene que las obras no permanecieron paralizadas más de seis meses y que solicitó la prórroga en tiempo. Para Galiponte la decisión del Concello de denegar su petición está falta de motivación y vulneran el artículo 197 de LOUGA que establece el plazo de caducidad de las licencias y al artículo 49 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas sobre la ampliación de plazos. Sus argumentos no convencieron al juez, que considera que la denegación obedece a "antecedentes fácticos suficientes" y que su invocación a la última ley "carece de sustento" ya que los plazos que establece son de trámite en un procedimiento administrativo. Tampoco admite su invocación al artículo 97 de la ley de suelo al entender que el plazo se computa desde el otorgamiento de la licencia y no desde el acta de replanteo, como sostiene el demandante.

El BNG, grupo que gobernaba cuando se denegó de la prórroga, insta ahora al Ejecutivo local a proceder a la ejecución subsidiaria del proyecto de legalización. Recuerdan los nacionalistas que el presupuesto reserva una partida para acometer la obra.