La Corporación de Carballo aprobó los presupuestos para este año gracias al apoyo del único edil del PSOE, José Antonio Viña, al Gobierno local después de que el Ejecutivo aceptase una enmienda socialista para reducir los ingresos previstos en 460.000 euros. En la propuesta del Gobierno, del BNG, se preveían unos ingresos de 20,45 millones de euros, frente a los 19,97 millones de euros de gastos, que fue cuestionado por todos los grupos de la oposición, al entender que no se recaudará lo previsto. El presupuesto fue aprobado finalmente con los diez votos del Gobierno y el edil socialista, que sumaron mayoría, mientras que PP (ocho) y TeGa (dos) votaron en contra.
Viña Patiño propuso rebajar esa diferencia entre ingresos y gastos al pronosticar que sería muy complicado conseguir un superávit de 475.000 euros, sobre todo teniendo en cuenta que los ingresos se verán reducidos con respecto al ejercicio anterior por la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al cambiar la calificación de algunas fincas por la anulación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). Hay fincas que estaban clasificadas como urbanas en el PGOM y en las normas subsidiarias pasan a rurales, de ahí que se mermará la recaudación por este impuesto. Viña Patiño calcula que los ingresos del IBI se reducirán en 100.000 euros y las transferencias corrientes, en unos 360.000 euros sobre lo presupuestado, de ahí que solicitase rebajar el apartado de ingresos. El Gobierno local aceptó su propuesta para sacar adelante las cuentas. Finalmente, el apartado de ingresos asciende a 19,99 millones de euros, mientras que el de gastos se mantiene y presenta así un superávit de algo más de 15.000 euros.
El debate de los presupuestos se prolongó durante más de dos horas y media la noche del jueves. Los otros dos grupos de la Corporación, PP y Terra Galega, rechazaron el presupuesto por no atender sus peticiones y considerarlos irreales. Los populares solicitaron que quedasen sobre la mesa para corregir diversos aspectos del documento y TeGa pretendía que la diferencia de 460.000 euros se destinase a la creación de un plan de empleo y la promoción del polígono industrial de Bértoa, con ayudas para la adquisición de parcelas para el asentamiento de nuevas empresas.
El PP justificó su petición de aplazar las cuentas por el elevado desequilibrio que presentaban en un principio, una supuesta "irregularidad tributaria" por prever ingresos del IBI irreales "a sabiendas", la falta de recursos suficientes para atender a los servicios básicos, la falta de previsión para cubrir plazas de la Policía Local y la ausencia de un plan de empleo. El portavoz, Alberto Sueiro, remarcó que hay partidas claramente insuficientes para cubrir servicios básicos como la el alumbrado público, el teléfono y el mantenimiento de las vías y edificios públicos.
Sueiro advirtió de que todas las partidas sufren importantes recortes respecto al pasado ejercicio, como el mantenimiento de las vías públicas, que casi se reduce a la mitad respecto al 2011, por lo que lamentó que el Gobierno no aceptase corregirlo antes de aprobar las cuentas. El portavoz popular también acusó al Gobierno de discriminar de nuevo a los vecinos de la zona rural por la supresión de las ayudas a todas las comisiones de fiestas, puesto que solo se mantiene la subvención al patrón, San Xoán.
El portavoz de TeGa, Manuel Andrade, censuró el elevado gasto corriente, que asciende a 8,7 millones de euros, y el incremento que sufre cada año. Recordó que en el 2006 la partida era de 5,6 millones de euros y cuestionó muchas de las actuaciones previstas en este apartado para reducir los gastos.
La edil responsable de Hacienda, Belén Lendoiro, defendió que se trata de unas cuentas "prudentes" elaboradas con superávit por recomendación de los técnicos. El alcalde, Evencio Ferrero, se expresó en términos similares y destacó la "prudencia y responsabilidad" del documento, mientras que el portavoz del Gobierno, Xosé Regueira, insistió en que la puesta en marcha del edificio del Fórum -el futuro centro de formación- ayudará a crear empleo y también se prevé un plan formativo y de empleo a largo plazo, en contra de las acusaciones del Partido Popular.
En la sesión también se aprobó el contrato de gestión del servicio de recogida de basura, con la abstención del Partido Popular, al entender que se privatiza este servicio, mientras que todos los grupos apoyaron los criterios que regirán la suspensión de licencias debido a la anulación del plan general y la vuelta de las normas subsidiarias.
