La presión ejercida por los vecinos mediante manifestaciones, pancartas y asambleas logró tumbar el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Aranga en 2008 y cuatro años después el Concello presenta un nuevo documento en el que suprime el origen de la polémica: la recalificación como urbanizables de tres millones de metros cuadrados de suelo rústico, solicitada por el empresario coruñés José Collazo Mato, dueño del emporio de máquinas tragaperras Comar y de bingos y casinos en España, el Caribe y Europa del Este.
El nuevo PXOM de Aranga, aprobado inicialmente por el pleno el pasado 10 de abril, vuelve a convertir los tres millones de metros cuadrados de suelo urbanizable de José Collazo en lo que eran originalmente, suelo rústico. De esta forma, las fincas rústicas que este empresario fue comprando poco a poco durante años y que logró que el entonces alcalde Manuel Brañas le recalificase para construir un polígono industrial y un sector residencial, figuran en el plan general actual como suelo rústico de protección de espacios naturales.
El exalcalde Manuel Brañas, ya fallecido, firmó unos convenios con Collazo mediante los que el Concello se comprometía a reclasificar 2,5 millones de metros cuadrados de suelo en Montesalgueiro (entre la autopista A-6 y la carretera que conduce a Curtis) para construir lo que entonces, en 2008, sería el segundo polígono industrial más grande de la provincia, equivalente a más de 250 campos de fútbol.
Brañas también acordó recalificar al empresario otros 465.000 metros cuadrados para levantar enA Castellana una urbanización de 744 viviendas. El propio exregidor, en declaraciones a este periódico (que desveló la existencia de esos convenios), aseguró que el promotor coruñés le prometió a cambio de la recalificaciones, actuaciones como el alcantarillado en A Castellana, una depuradora o el campo de fútbol. Esta negociación originó que en octubre de 2008 la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) presentase una denuncia contra Collazo y contra Brañas al considerar que su gestión pudo ser constitutiva de los delitos de violación de secretos, uso de información privilegiada y alteración de los precios del libre mercado.
El fiscal pasó después su escrito al Juzgado de Betanzos para que instruyese la causa, pero desde entonces quedó pendiente en estas salas. La Fiscalía consideró que entre 2005 y 2008 Promotora de Viviendas Urbanas (empresa Collazo), a través de otra sociedad, se dedicó a comprar terrenos "a un precio muy inferior al que resultaría de la nueva clasificación". Es decir, compró como rústico sin saber los propietarios que iban a recalificarse en urbanizables, con la consiguienterevalorización.
El fiscal también advirtió de que parte de los terrenos de Collazo habían sufrido un incendio y según la ley no se les podía cambiar de calificación, y a pesar de ello se firmaron los convenios.
