La Xunta liberará en las "próximas semanas" los terrenos que ocupó en 2007 para construir siete rotondas en la carretera AC-415 entre Meicende y Sabón. La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas tramita, según informa, la documentación necesaria para dejar sin efecto el Decreto de Utilidade Pública y desafectar "definitivamente" las fincas tras cinco años de ocupación.

Este proyecto, adjudicado en 2008 a la empresa Arias Hermanos Construcciones por 1,8 millones de euros, no prosperó como consecuencia de la presión vecinal, que alertaba del impacto ambiental de las glorietas. Desde aquel entonces, según denunciaron los afectados en diversas ocasiones, los terrenos han permanecido ocupados pese a que la Xunta, según admite, no llegó a pagar el precio fijado por las expropiaciones.

Hace quince días los vecinos advirtieron, hecho del que informó LA OPINIÓN, de que recurrirían a la vía judicial si la Xunta no daba respuesta de forma inmediata al escrito que habían remitido el 1 de agosto para exigir información puesto que, según lamentaban, únicamente conocían, la intención de la Administración autonómica de devolver los terrenos a los propietarios "a través de los medios de comunicación".

Los afectados explicaron que la última vez que la consellería había contactado con ellos fue el 21 de mayo de 2010, cuando recibieron una carta en la que se les informó de que se aplazaban los pagos por la expropiación "hasta nueva convocatoria", una cita que nunca llegó a producirse.

Posteriormente, la Xunta anunció que renunciaba al proyecto para construir las siete rotondas, ante la oposición vecinal, encabezada por el ahora alcalde, Carlos Calvelo, que alertaba del impacto ambiental de las infraestructuras, proyectadas por el Gobierno gallego para mejorar la circulación en la carretera AC-415. La actuación, finalmente, se limitó a la instalación de una nueva señalización viaria, que ha motivado también distintas protestas de los residentes en la zona. La consecuencia de esta ocupación han sido cinco años en los que los propietarios no pudieron hacer uso de sus fincas ni tampoco de los inmuebles que sobre ellos se asientan.

Los propietarios de los terrenos ocupados en la carretera AC-415 reclaman indemnizaciones por los "perjuicios" que les ha ocasionado el no poder disponer de sus fincas durante este tiempo pero la Xunta evita pronunciarse a este respecto.

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas siempre ha mantenido que las fincas únicamente están afectadas "administrativamente" pero los vecinos aseguran que fue una expropiación "en toda regla".

Para los afectados, la devolución de los terrenos es insuficiente por lo que el pasado mes de mayo ya reclamaban una compensación económica por los perjuicios ocasionados por una ocupación que se remonta al año 2007. "Hubo gente a la que le ofrecieron dinero por sus casas y no las pudo vender por este motivo", aseguró uno de los afectados. Tras hacer pública la anulación de las actas de ocupación, Medio Ambiente rehúsa pronunciarse sobre un posible resarcimiento.