Los trabajos de supervisión de la depuradora de Barrañán han finalizado, según informa el Concello, sin que se hayan detectado fallos estructurales. Dos meses después de la puesta en marcha de la infraestructura tras permanecer tres años inutilizada, el Gobierno local explica que se hallaron deficiencias eléctricas, por valor de cuatro mil euros, que atribuye a la falta de mantenimiento.

Por esta razón, será el Concello quien costeará los trabajos de reparación para lo que echará mano de la partida de 150.000 euros que habilitó para este fin. Concluir si los fallos de las instalaciones eran estructurales o si, por el contrario, eran consecuencia de permanecer parada durante tres años era el objetivo de la auditoría para repercutir, en el primero de los casos, los costes a la empresa adjudicataria, Taboada y Ramos, o al Concello.

"Se trata de una infraestructura municipal por lo que su mantenimiento y conservación es competencia del Ayuntamiento", apuntan desde el Ejecutivo arteixán, que destaca que desde la puesta en marcha de la depuradora, las instalaciones han funcionado "a pleno rendimiento".

El pasado mes de julio el Gobierno local analizaba la posibilidad de hacerse cargo de la conservación de la depuradora de Barrañán o que fuese la Xunta, Augas de Galicia en este caso, la que realizase estos trabajos, de los que desconoce el coste. En la anterior legislatura se calculó que el coste del mantenimiento era de 500.000 euros anuales mientras que el concejal de Obras y Servicios rebajó esta cifra a 150.000 euros y Augas de Galicia a 70.000 euros.

El Concello explica ahora que el siguiente paso es supervisar el estado de la red de colectores, tras haber sustituido los cuadros eléctricos estropeados y una finalizados los trabajos de limpieza.

La depuradora de Barrañán se construyó a cargo de una inversión europea de cinco millones de euros y permaneció parada desde su ejecución en 2009 hasta el pasado mes de julio salvo por un corto período de cinco meses, en los que estuvo en pruebas.

Fue entonces cuando produjeron los vertidos que le valieron al Concello una sanción de la Xunta por un importe de cinco mil euros y que motivaron una auditoría de la instalación por parte de la empresa adjudicataria de las obras.

El anterior Ejecutivo local se negó a recepcionar la depuradora al entender que, como paso previo a la entrega de llaves, el Gobierno autonómico tenía que solventar las deficiencias de las instalaciones.

Diametralmente opuesta fue la postura del actual Gobierno local, que decidió asumir la depuradora y ponerla en marcha como una forma de comprobar, según explicó en diversas ocasiones el concejal de Obras, José Ramón Amado, cuáles eran sus fallos y determinar responsabilidades.