18 de septiembre de 2012
18.09.2012
SADA

PP y PDSP rechazan cesar a Ares por no tener "constancia oficial" del fallo

El exregidor desafía la ley electoral y mantiene que solo una sentencia firme puede forzar su dimisión EAEl alcalde pedirá otro informe al secretario para que le indique los pasos a seguir

18.09.2012 | 02:00
El asiento de Rodríguez Ares, vacío, en la sesión de ayer para debatir su incompatibilidad. / carlos pardellas

El Gobierno local cerró filas ayer en torno al veterano exregidor de Sada y votó en contra de su cese pese a su condena a la inhabilitación que le fue notificada hace tres meses. El PP sostuvo no tener "constancia oficial" del fallo y el PDSP fue más allá y mantuvo que solo una sentencia firme podría forzar su cese, en contra lo que establece la ley electoral y el informe del secretario municipal. BNG y PSOE acusan al Gobierno local de incumplir la ley a sabiendas y Anova emprenderá acciones legales contra el acuerdo

El bipartito de Sada (PP y PDSP) cerró ayer filas en torno al primer teniente de alcalde, Ramón Rodríguez Ares, y votó en contra de la propuesta del BNG de declarar su incompatibilidad porque asegura no tener "constancia oficial" de la sentencia que condena al exregidor a seis meses de inhabilitación por desobedecer una orden de derribo.

El PP se aferró a la ausencia de una prueba fehaciente para negarse a aplicar la Ley de Régimen Electoral General, que desde su reforma en enero de 2011 obliga a dimitir a los ediles condenados a una pena de inhabilitación aunque el fallo no sea firme, como corrobora el secretario municipal en su informe.

Aunque no puso en duda de su veracidad, el PP se negó a aceptar como prueba la copia del fallo presentada por el BNG y se escudó en la negativa del juzgado a a remitirles una copia para evitar el cese del veterano exalcalde, al que le fue notificada su condena hace ya tres meses. Pese a admitir conocer el fallo, que el propio Rodríguez Ares comunicó verbalmente al alcalde, el PP se mantuvo en sus trece y tampoco admitió como prueba el escrito del juzgado, que les niega la sentencia pero da fe de la resolución y les informa que está pendiente de recurso.

El PDSP fue aún más allá. En una encendida defensa de su líder, José Ángel Sánchez, se remontó al siglo XVIII, y apeló al "despotismo ilustrado" y a la separación de poderes para acusar a BNG y PSOE de actuar "como en el Antiguo Régimen". "Nosotros no somos un tribunal para juzgar, solo podemos emitir juicios de valor", sostuvo el edil, que citó al informe del secretario municipal para defender que la sentencia adjuntada por el BNG "no ofrece garantías de certeza e integridad" aunque obvió la parte en la que el funcionario encargado de velar por la legalidad en la gestión municipal advertía que le corresponde al pleno declarar la incompatibilidad de un concejal y no a los jueces, como recalaron también PSOE y BNG.

La postura del Gobierno local fue acogida con indignación en las bancadas de la oposición. Solo el concejal de APSI secundó la tesis de PP y PDSP. Socialistas y nacionalistas acusaron al Gobierno local de saltarse una ley que el pasado año obligó a dimitir al alcalde de Arzúa (BNG) y Val do Dubra (PP), ambos inhabilitados en primera instancia. Los dos grupos acusaron al Ejecutivo municipal de "burlarse" de los vecinos y de incurrir en una posible prevaricación "por incumplir la ley a sabiendas".

El BNG incidió también en que el propio alcalde admitía en la providencia del pasado 24 de julio haber sido informado por Rodríguez Ares del fallo judicial y recordó que, como recoge el secretario municipal en su informe, "los concejales deberán observar en todo momento las normas sobre su incompatibilidad y deberán poner en conocimiento de la Corporación cualquier hecho que pudiese constituir causa de la misma". "¿Por qué no le piden la sentencia a su socio?", le espetó al alcalde.

Sus críticas no variaron ni un ápice la postura del Ejecutivo municipal. El alcalde, Ernesto Anido, evitó tomar la palabra en el pleno y, consultado a la salida, mantuvo que se limita a seguir "escrupulosamente" las recomendaciones del secretario municipal. "Las sentencias no tienen nombre y apellido", mantuvo el regidor, que sostiene que actuaría del mismo modo si se tratase de una sentencia que condenase a cualquier miembro de la oposición.

El regidor solicitará ahora un nuevo informe al secretario municipal para que le indique los pasos a seguir. Esta nueva vuelta de tuerca podría ser la definitiva ya que, pese a los reparos de PP y PDSP, la dimisión de Rodríguez Ares parece sentenciada. Solo un recurso favorable in extremis podría evitarlo. El propio secretario municipal, en el informe suscrito el pasado 31 de julio, advertía ya que la condena, aunque en fase de recurso, forzaba el cese del veterano exregidor. Es más, ya en aquel momento el habilitado nacional instaba al alcalde a confirmar la veracidad de la sentencia y, como medida cautelar, "adoptar las medidas oportunas para hacer efectivo el deber de abstención" de Rodríguez Ares.

De no abandonar la Corporación local por propia iniciativa o forzado por el pleno, podría hacerlo por la Justicia. La Irmandade Nacionalista de Sada (Anova) anunció ayer que iniciará "de inmediato" acciones legales contra el acuerdo plenario de ayer, "adoptado por un gobierno viciado de ilegalidad".

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