Los dos jueces a los que el alcalde de Oleiros prevé denunciar ante el Consejo General del Poder Judicial por supuesta animadversión personal contra él desde que les abrió expediente por unas obras en la vivienda que poseen en este municipio aseguran en un comunicado enviado ayer que el Ayuntamiento solo les incoó "un expediente (nº15/11) de reposición de legalidad por la cubrición de una terraza realizada en el año 2007 y no por aumento de vivienda", como manifestó Ángel García Seoane en rueda de prensa la pasada semana.

García Seoane realizó estas acusaciones contra el matrimonio de magistrados después de conocer el auto de la juez en el que acordó el archivo de la querella presentada contra él hace seis años por delitos como información privilegiada o tráfico de influencias, pero manteniendo la imputación por negociaciones prohibidas para funcionario público por su actividad de compraventa de terrenos al entender que fue continuada, no solo se benefició él, y además se dio de alta en el IVA.

El alcalde manifestó que esta resolución pudo deberse a que el Concello le había abierto al matrimonio un expediente por una infracción urbanística y que incluso fueron sancionados. Los magistrados, que en el escrito firman como Elena Pastor Novo y Juan Sellés Ferreiro, afirman que "en ningún momento" fueron "sancionados por infracción urbanística alguna por parte del Ayuntamiento de Oleiros".

Tras reiterar que el expediente abierto contra ellos no tuvo carácter sancionador, añaden que además dicho expediente finalizó "con el archivo por la legalización de la obra". Seoane en la rueda de prensa de la pasada semana confirmó también que se había legalizado la situación.

Los jueces en su escrito añaden que dicho expediente urbanístico por una obra en su propiedad "fue incoado y resuelto por la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento y no por el señor García Seoane, que no intervino en ningún momento en su tramitación y resolución".

El alcalde, basándose en esta supuesta animadversión contra él (también en el caso del juez), anunció que los recusaría en todos los pleitos relacionados con él o el Concello. También anunció una queja ante el Poder Judicial contra la jueza por tardar seis años en resolver.