El Ejecutivo municipal de Sada se mantiene a la espera del dictamen de los servicios jurídicos del Concello para decidir las medidas a adoptar después de que el pleno del pasado lunes día 17 rechazase con sus votos y el de APSI la incompatibilidad del primer teniente de alcalde, Ramón Rodríguez Ares.

El PP parece tener claro ahora que solo un recurso favorable in extremis podría evitar la marcha del exregidor. El Ejecutivo avanzaba ayer que convocará nuevamente el pleno para debatir su incompatibilidad una vez que disponga de la sentencia que lo condena a una inhabilitación de seis meses por desobediencia.

El alcalde, Ernesto Anido, recalca que no traspasará la "línea prohibida" para mantener a su socio de gobierno. Insiste en que cumplirá "escrupulosamente" las recomendaciones del secretario municipal, que ya el pasado 31 de julio concluía que procedía la dimisión de Rodríguez Ares dado que la ley electoral tras su modificación en 2011 establece que una pena de inhabilitación, aunque no sea firme, es incompatible con el cargo. El habilitado encargado de velar por la legalidad en la gestión municipal concluía que, como paso previo, procedía solicitar la sentencia al juzgado ya que la copia adjuntada por el BNG no ofrecía "garantías de certeza". El juzgado, sin embargo, negó el fallo alegando que ya se le había notificado al interesado y que estaba en fase de recurso. El alcalde espera ahora que los servicios jurídicos le digan los pasos a seguir y no se plantea pedirle la sentencia a su socio mientras los técnicos no se pronuncien. Tampoco Ares parece dispuesto a hacerlo por cuenta propia. El exmandatario se mantiene firme en su postura de que solo los jueces pueden decidir su futuro. "A mí que me digan lo que tengo que hacer, pero que me lo diga la autoridad competente", matiza. Vaya por delante, advierte, que no le quita el sueño la resolución. "¡Vaya por Dios!, voy a estar preocupado ahora por eso", respondía ayer jovial. Se mantiene fiel a su rutina, a pesar de que como medida cautelar no puede participar en las votaciones.

El BNG y Anova critican lo que consideran una vulneración de la ley y avivan una que polémica que ha llegado a Tenerife. Las dudas sobre la aplicación de la ley han llevado al alcalde de Arona, también inhabilitado, a ponerse en contacto con el de Sada para solicitarles información sobre los pasos que siguen, según relató el Concello.