El polémico cese del veterano exalcalde sadense, Ramón Rodríguez Ares, tras su condena en primera instancia a una inhabilitación de seis meses por desobediencia ha llegado hasta el sur de Tenerife. Concretamente al municipio isleño de Arona. El alcalde de este ayuntamiento canario, Alberto González Reverón, y el ya exconcejal sadense tienen en común su férrea resistencia a acatar la ley electoral que, desde su modificación en 2011 obliga a dimitir a los inhabilitados por sentencia, sea firme o no.

Desde que trascendieron en julio ambas condenas, la del sadense por desobediencia y la del canario por la contratación ilegal de dos trabajadoras, ambos políticos han mantenido varias conversaciones telefónicas. Así lo confirmó ayer Rodríguez Ares, que desvela que fue precisamente este regidor por Coalición Canaria quien le informó de las conclusiones del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona que cimentaron el último alegato del PDSP.

"Me llamó varias veces", explicaba ayer Moncho, que pese a haber sido cesado por el pleno el pasado jueves regresaba ayer de nuevo a su despacho del tercer piso del Concello, ahora del grupo municipal del PDSP, según indica un rótulo en la puerta.

Lo cierto es que distancias aparte, ambos casos, el canario y el sadense, presentan muchas similitudes. Los dos estallaron en julio y ambos políticos se negaron a renunciar a su cargo pese a las reiteradas exigencias de la oposición y los precedentes en municipios como Arzúa y Val do Dubra, con dos alcaldes apartados del sillón por una sentencia en primera instancia.

Al contrario que en estos casos, el de Arona, al igual que Ares, se resistieron a dar cuenta al pleno sobre la sentencia. Los secretarios municipales de ambos ayuntamientos emitieron sendos informes que dictaminaban que procedía el cese, tal y como establece la ley electoral. Eso sí, supeditada en ambos casos a la confirmación de la veracidad del fallo. Tanto en Tenerife como en Sada la oposición tomó la iniciativa y entregó copias de la sentencia. El PP, que en Sada tardó cinco meses en abrirle la puerta al exregidor, fue la formación más combativa en el caso de Tenerife. Y los que más alto exigieron el cese inmediato. El Gobierno local de Sada ha elevado ya a pleno el cese del líder del PDSP. El de Arona aún no ha convocado el pleno ya que, al igual que Rodríguez Ares, considera que no es competente para dictar su salida.