El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, impidió ayer que técnicos de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) entrara en su vivienda para realizar mediciones y comprobar la existencia de las infracciones urbanísticas denunciadas por un particular. El regidor juzga suficiente la documentación ya aportada tras la denuncia, interpuesta por un particular que mantiene con García Seoane un largo historial en los juzgados por temas urbanísticos, diferencias que vienen de 1984.
El primer edil oleirense defiende que la agencia no tiene por qué entrar en su casa ya que, argumenta, él ha presentado la documentación necesaria para juzgar la conformidad de su vivienda a la legalidad vigente y evitar nuevas mediciones. La APLU actúa de acuerdo al requerimiento del juzgado, pero asegura que no tiene ningún expediente abierto con García Seoane. La denuncia acusa al alcalde de haber infringido la normativa en la construcción de su casa al haberse excedido presuntamente en la altura, ocupar un camino de peatones, haber movido tierras y porque el acabado de los cierres no se adecúa a la legalidad.
Un informe elaborado por un arquitecto contratado por el denunciante advierte de "importantes irregularidades" en los documentos aportados por el alcalde. El perito sostiene que la documentación aportada era "incompleta y falsa" y maquillaba las medidas reales.
