24 de febrero de 2013
24.02.2013
SADA

De hogar a activo tóxico

Tres familias que perdieron sus casas al anularse sus licencias acusan al Concello de pretender "legalizárselas al banco" y exigen que acate el derribo y poder cobrar ya lo que pagaron por ellas

24.02.2013 | 00:00
Dos de las familias afectadas a la entrada de las que eran sus viviendas, en Pazos. / la opinión

Solo la desesperación puede explicar que tres familias exijan al Concello que derribe los chalés que compraron para iniciar una nueva vida. Una sentencia anuló las licencias y ordenó su demolición hace ya tres años. La promotora entró en concurso y la urbanización ha sido embargada. Los afectados han perdido la casa y el dinero que depositaron por ella y ven ahora con indignación cómo el Concello pretende legalizar el complejo lo que, denuncian, demorará más el cobro de su deuda mientras el banco obtiene plusvalías

Un cartel semioculto por la maleza anuncia la venta de diez chalés pareados con "acabados de primera calidad" en Sada. Se trata de la urbanización O Loureiro, en Pazos. El primero de una serie de complejos inmobiliarios en suelo de núcleo rural autorizados durante el mandato de Ramón Rodríguez Ares que fue anulado por la Justicia.

Los chalés fueron sentenciados a la piqueta en 2010, pero el calvario de los tres compradores comenzó mucho antes, en 2006. Carmen Castillo y Jesús Rodríguez; Fina Varela y Javier Lamas; y Laura Fernández y su marido firmaron un contrato de compraventa ese año, ajenos, relatan, a los problemas legales que acechaban la urbanización.

No llegaron a escriturar sus casas, aunque sí las estrenaron y amueblaron a su gusto. Su estancia en sus nuevos hogares fue breve. Con el cambio de Gobierno local, en 2007, el bipartito BNG-PSOE revocó la licencia de primera ocupación y ordenó a las familiar abandonar las viviendas, cuyas licencias ya habían sido recorridas judicialmente por la Xunta por vulnerar la ley de suelo.

Carmen y Jesús se habían traslado desde Madrid a Sada en busca de una "vida más tranquila" y se vieron obligados a establecerse en una vivienda próxima en régimen de alquiler. "Todos los días pasamos por delante de los chalés camino a casa", relata Carmen. Laura y su marido se enteraron al regreso de su viaje de novios que no tenían derecho a entrar en la vivienda. La noticia les llegó por boca de los padres de ella, que residen en la casa anexa y que ya habían planeado incluso el sendero que comunicaría ambas casas.

Fue el amargo inicio largo periplo judicial. Los jueces anularon los permisos en primera instancia y lo ratificaron en casación.

El resto de la historia es predecible. La anulación de las licencias y la correspondiente orden de derribo abocó a la promotora Fraínde al concurso de acreedores. Su hipoteca fue ejecutada por el banco Novacaixagalicia por el 50% del valor. Según han podido saber los afectados, el banco ha traspasado ya la urbanización al 'banco malo'. Su hogar se ha convertido en un activo tóxico.

El juzgado de lo Mercantil ha declarado culpable el concurso de acreedores, condenado a los dos promotores a dos años de inhabilitación y a pagar 100.585 euros a las tres familias. Por chalés: 58.806 a Carmen Castillo y su marido; 87.086 a Laura Sánchez y su familia y 59.806 a Fina Varela y Javier Lamas.

El juez acusa a la promotora de suscribir estos contratos "cuando la Xunta ya había solicitado la revisión de oficio de la licencia". Los tres propietarios así lo confirman, pero no cargan únicamente contra la empresa. Estas tres familias recuerdan que el Concello, gobernado por Ramón Rodríguez Ares, había desestimado en 2006 el recurso que el Gobierno gallego presentó vía administrativa para que anulase un permiso ilegal. El Ejecutivo municipal tampoco atendió las reiteradas peticiones del Valedor do Pobo, dirigidas también a paralizar las obras. Es más, unos días antes de abandonar el sillón de Alcaldía, el exregidor concedió la licencia de primera ocupación a esta urbanización. "Estaba todavía con luz de obra", recuerda uno de los afectados.

Toda una serie de despropósitos que, lamentan, concluyen ahora con una nueva vuelta de tuerca. Los afectados denuncian que el Gobierno local se propone ahora legalizar la urbanización en el plan general. "Van a legalizársela al banco malo, nosotros ya no tenemos nada", critican. Las familias temen que este proceso de regularización demore aún más el pago de la deuda que la promotora mantiene con ellos y exigen su derribo. "Que acaten la sentencia, indemnicen a la empresa y que la empresa nos pague a nosotros", reclaman.

"Lo más triste es que al final los culpables quedan impunes. Dentro de unos años todo esto (señalando a la urbanización) estará libre de tojos y habrá unos señores de Valladolid viviendo", critica su abogado, que ya ha presentado un escrito en el Concello y se plantea recurrir a Fiscalía. El letrado recuerda que el ahora edil de Obras, Emilio Gómez, era el responsable por entonces de Urbanismo y que tanto esta licencia como las de otras urbanizaciones anuladas contaron con los informes favorables del arquitecto municipal Enrique Roel.

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