La indemnización millonaria que deberá desembolsar el Concello de Miño a los expropiados de Costa Miño Golf culmina un proceso que comenzó a gestarse hace ya más de una década, con el convenio suscrito por el exalcalde Deogracias Romeu con el empresario Manuel Jove en 2001. Desde entonces se han sucedido los recursos, que enfrentaron durante años a Concello y expropiados. Primero por la baja valoración del suelo, que la Justicia multiplicó por cuatro; después por el sistema escogido para el desarrollo urbanístico, que fue tumbado también por los jueces y que obligó a Ayuntamiento y empresa a suscribir un nuevo contrato.

Y, entremedias, una crisis que salpicó ese paraíso de sol y playa de tojos y esqueletos de viviendas y abocó a la promotora al concurso de acreedores. El convenio concursal confiere ahora cierta impunidad a la empresa y carga todo el peso en las espaldas del Concello como responsable solidario. Serán las arcas públicas las que paguen a los expropiados hasta que Fadesa pueda resarcir su deuda. Y siempre con la sombra de la insolvencia como espada de Damocles.

El vuelco que ha dado el proceso con el auto del TSXG que, con dos votos particulares en contra -incluido el del presidente de la Sala- obliga al Concello a anticipar los 21 millones por los terrenos ocupados por la macrourbanización permite a los afectados ver la luz al final del largo, largo, túnel judicial, pero deja a Miño contra las cuerdas. Su apuesta decidida por el ladrillo como "salida de la crisis", en palabra del exalcalde, Juan Maceiras, amenaza ahora las ya de por sí endeudadas arcas municipales.

El Concello, hipotecado ya a casi treinta años, se enfrenta ahora a una deuda desorbitada para un municipio de solo 5.700 habitantes. El Gobierno local no quiere ni oír hablar de quiebra, pero admite que la salida de esta encrucijada es "muy difícil". "Yo quiero pagar, pero no sé cómo", admitía ayer el regidor Jesús Veiga que, tras permanecer treinta años en un segundo plano, hereda el bastón de mando justo para probar el trago más amargo de la burbuja inmobiliaria. El Ejecutivo, que dispone de avales por 7,5 millones de Fadesa espera incautarse de más garantías que permitan compensar el pago con nuevos ingresos. El PSOE y BNG de As Mariñas exigen la dimisión del equipo de gobierno al completo.