El Juzgado de Instrucción número 3 de Carballo ha abierto diligencias previas a raíz de la denuncia interpuesta por la Fiscalía contra el alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela (PP), por un supuesto delito de apropiación indebida.

La investigación se inició después de que el BNG presentase un escrito a Fiscalía en el que denunciaba el pago a una empresa por unas obras de instalación eléctrica en la rectoral de Golmar que, supuestamente, no llegó a ejecutarse.

Los trabajos fueron contratados por el Concello da Laracha en 2011 a la empresa Hidroeléctrica de Laracha, encargada a su vez del suministro eléctrico en el municipio. Según explicó ayer el BNG, los trabajos ascendían a 48.000 euros, fueron adjudicados a través de un procedimiento negociado y financiados íntegramente por la Diputación tras la firma de un convenio con el Ayuntamiento larachés.

Las obras iban dirigidas a garantizar la accesibilidad del edificio, que acoge un museo, a través del incremento de potencia para un ascensor. Tras ser informado de un supuesto fraude en la ejecución de los trabajos, el BNG intentó en varias ocasiones sin éxito comprobar si las obras habían sido realizadas. El portavoz de la formación, Xóan M. Sande, explicó ayer a este diario que le resultó imposible comprobarlo porque este centro de interpretación permanece habitualmente cerrado.

La Fiscalía emitió una diligencia hace aproximadamente un mes para reclamar a la Diputación el expediente completo de la obra. Tras estudiar la documentación, el fiscal ha apreciado indicios de un delito de apropiación indebida y ha interpuesto una denuncia en el Juzgado de Instrucción de Carballo, que deberá determinar ahora si imputa al alcalde o, por el contrario, archiva el caso.

El alcalde de A Laracha se mostraba ayer "sorprendido" por la denuncia de la Fiscalía. Un portavoz municipal aseguró no tener constancia de la apertura de diligencias judiciales y aseguró que los trabajos de suministro eléctrico contratados a Hidroeléctrica Laracha habían sido ejecutados.

El Gobierno local mantiene que el contrato siguió el "procedimiento normal en estos casos" y que se le pagó a la empresa la cantidad que correspondía por aumentar la potencia eléctrica que garantizase el funcionamiento del ascensor. El Ejecutivo asegura que es "totalmente falso" que los trabajos no se hayan prestado y se ofreció a trasladar toda la documentación precisa a los juzgados para demostrarlo. El Gobierno local recalcó que las obras estaban enmarcadas en un plan de dinamización turística en A Costa da Morte que puso en marcha la Diputación en la pasada legislatura, bajo el gobierno de PSOE y BNG.

Los trabajos que están siendo investigados se financiaron aparte, a través de un convenio con la institución provincial, que asumió los costes a través de una subvención nominativa.