La Agencia Española de Protección de Datos ha apercibido a la concesionaria del puerto deportivo de Sada por la grabación de una protesta con las cámaras de videovigilancia instaladas en e recinto. BNG y la plataforma Dereitos Civís denunciaron que las cámaras tenían capacidad de movimiento con visión de la vía pública.
Los hechos se remontan a año y medio cuando alrededor de medio millar de personas irrumpieron en la dársena para protestar por el cierre de la L.
La Agencia ha tardado casi dos años en recabar la información precisa y dictar una resolución. En su escrito deja constancia de la tardanza de la concesionaria en responder a sus requerimientos, que tuvo que reiterar en más de una ocasión.
Tras investigar el caso, el organismo estatal llega a la conclusión de que la gestora de la dársena ha cometido una infracción grave al tomar imágenes de la vía pública sin consentimiento de los transeúntes. Protección de Datos ha atendido como atenuante que la concesionaria no había sido apercibida con anterioridad. Por ese motivo, el organismo ha decidido no incoar un procedimiento sancionador y limitarse a ordenar al puerto que adopte medidas correctoras.
El BNG considera insuficiente la sanción y llevará el caso al Parlamento. Denuncia que las cámaras están instaladas también fuera del recinto concesional, titularidad de Portos. Dereitos Civís espera de una respuesta del Valedor, que intenta aún recabar de las administraciones la información precisa.
