Viviendas pequeñas de una sola planta, de madera o metálicas, frecuentemente prefabricadas, y acompañadas de anexos como alpendres y barbacoa, construidas en suelo rústico. Así es el prototipo de construcción ilegal que la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) de la Xunta derribó a lo largo del año pasado, un total de 101 en Galicia y con la provincia de A Coruña a la cabeza con 46 demoliciones, seguida de Pontevedra con 43, Lugo con 8 y Ourense con 4. La comarca coruñesa, el primer cinturón de municipios alrededor de la ciudad, contabilizó también un buen número de casos, 12 en total, la mayoría construcciones ejecutadas en rústico de protección forestal, paisajística u ordinaria.
El concello de Arteixo fue el que contabilizó más demoliciones de construcciones a cargo de la Axencia da Legalidade dentro del área metropolitana, con cinco casos, seguido de Sada con cuatro, Oleiros con dos y Betanzos con uno. Este año, además de las típicas viviendas-casetas, también se demolieron otras construcciones más singulares como un complejo hípico en la travesía de O Rañal en Arteixo, declarado ilegal por la APLU en 2011 por levantase en suelo rústico y demolido en enero de 2014.
Otro caso curioso tuvo lugar en la comarca betanceira, concretamente en Curtis, con el derribo el pasado abril de un panteón construido en 2010 en zona verde, sin licencia municipal ni autorización de Patrimonio, anexo al resto de nichos del cementerio de Santiago Apóstol en el lugar de Paradela. La APLU amenazó con multas de hasta 10.000 euros al Arzobispado por ejecutar esta obra.
Aunque en muchos casos las construcciones realizadas empiezan como casetas para guardar aperos, la mayoría terminan por convertirse en viviendas, aunque sean muy precarias. En algunos casos sin embargo, como una casa construida en rústico de protección forestal en Oleiros demolida en marzo del año pasado, son construcciones modernas, muy bien ejecutadas y con varios cuerpos.
En Sada se demolió el pasado octubre una casa prefabricada con su piscina, pozo, barbacoa y alpendre metálico, en la parroquia de Carnoedo, que ya registra varias demoliciones de viviendas ilegales. Esta se ejecutó en suelo de protección de patrimonio cultural y también de protección paisajística. Otra eliminación singular fue la realizada el pasado julio en Betanzos, una casa móvil prefabricada instalada sobre un soporte en una finca en la parroquia de Requián, sobre suelo rústico de protección ordinaria.
La APLU ofrece a los concellos adherirse a la agencia (dependiente de la Consellería de Medio Ambiente) para asumir el trabajo de velar "por la utilización racional del suelo" conforme a las normas urbanísticas y de ordenación del territorio, sobre todo en el medio rural y en zona de servidumbre de protección de Costas. La agencia se encarga de inspeccionar, vigilar y reponer la legalidad si son obras sin licencia en suelo rústico, en zonas verdes o si los concellos no ejerzan sus competencias. También tiene capacidad sancionadora, imponiendo sanciones por infracciones muy graves o graves.
La APLU entrega a los concellos adheridos el 50% del importe de las multas coercitivas y las sanciones impuestas a infractores de sus municipios. A los ayuntamientos no les cuesta nada sumarse a la agencia, solo tienen que cooperar y aportar información, e incluso reciben un dinero. Sin embargo, en la provincia coruñesa solo hay 20 adheridos (el último, estos días, Cerceda) y ninguno dentro del área metropolitana coruñesa. Hay que ir al segundo cinturón: Carballo y Miño, a los que se suma ahora Cerceda.
