El Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña ha dictado un auto en el que acuerda abrir diligencias previas al ver indicios de posible prevaricación administrativa en la gestión del festival Brincadeira por parte del Ayuntamiento de Cambre. Como ya informó este diario, Fiscalía remitió el caso al juzgado tras observar un "notable desfase en el cumplimiento del convenio" entre el Ayuntamiento y las empresas promotoras del evento y otras "irregularidades" en la organización de este festival celebrado en 2012.
En su auto, el juez concede quince días de plazo al Concello para que le remita un informe municipal en el que identifique la cuenta y entidad bancaria abierta para centralizar todos los ingresos y gastos de la organización del Brincadeira, facilite la identidad de la persona designada por el Ayuntamiento para acceder a los extractos de esa cuenta y la identidad del autor de las hojas contables que figuran en la documentación entregada por Fiscalía. El Juzgado reclama también al Concello que aclare los motivos del incumplimiento del reparto de ingresos que fijaba una de las cláusulas del convenio.
El caso llegó a Fiscalía a raíz de una moción que Unión por Cambre que llevó a pleno en septiembre de 2013 en la que reclamaba la remisión del expediente del Brincadeira al Ministerio público y al Consello de Contas para que investigase el déficit de más de 200.000 euros que había dejado el festival. La propuesta prosperó con el voto a favor de PSOE, BNG y EU. El Gobierno local y PdC se abstuvieron.
Unión por Cambre convocó ayer a los medios a una rueda de prensa en la que aportó toda la documentación sobre esta causa, en la que ya se ha personado. La formación destacó que, con independencia de la resolución judicial , es "indiscutible" que la gestión municipal del Brincadeira fue "administrativamente irregular". "No juzgamos si hay delito o no, eso le corresponde al juzgado", recalcó su portavoz, Óscar García Patiño.
El grupo, que exige desde 2012 explicaciones sobre este asunto, sostuvo ayer que este festival le supuso al Concello un desembolso de 240.000 euros "sin haber ningún tipo de proceso administrativo" y que, a mayores, los cerca de 100.000 euros que pudiesen corresponderle a Cambre de ingresos "nunca fueron reclamados a la empresa" que se encargó de la organización del Brincadeira a pesar de que el alcalde, Manuel Rivas, se comprometió en el pleno de octubre de 2013 a recurrir a los juzgados si no pagaba.
Patiño mostró las diligencias de Fiscalía para demostrar que el Concello no remitió al Ministerio público los informes de intervención municipal en el que mostraba su disconformidad con los pagos por diversas irregularidades administrativas y que fueron aportados posteriormente por UxC.
El alcalde, Manuel Rivas (PP), sostuvo que los informes de Intervención no eran suspensivos y acusó a UxC de pretender dañar su imagen con fines electorales. El regidor insistió en que el Valedor do Pobo no vio irregularidades.
Tras revisar la documentación requerida al Concello, será el juzgado el que decida si archiva el caso o prosigue con las diligencias.
