La Diputación aprecia fallos en el control de los fondos públicos en concellos pequeños

La Diputación justifica su propuesta de asumir los servicios de control financiero de los concellos de menos de 5.000 habitantes en los problemas de estos municipios para fiscalizar convenientemente el uso de las subvenciones concedidas y la gestión indirecta de los servicios.

"Pese a la necesidad de ejercer un control financiero periódico, la realidad práctica en los concellos de la provincia evidencia que no se está llevando a cabo esta tarea, de modo que hay una parte de la gestión municipal y de los fondos públicos que no queda suficientemente controlada", recoge el informe que acompaña la propuesta de bases para que los concellos puedan delegar parte de sus funciones de supervisión en la institución provincial.

La Diputación advierte que la falta de este control periódico puede provocar "perjuicios económicos para la entidad y también una merma en la calidad de los servicios" y achaca la ausencia de una oportuna supervisión municipal "a la auténtica escasez de medios humanos de Intervención".

"La legislación atribuye a este órgano una ingente tarea. La gestión presupuestaria y fiscalización previa del gasto, la contabilidad y las cada vez más numerosas obligaciones formales y de remisión de información al Ministerio de Hacienda consumen la totalidad del tiempo de trabajo del titular de Intervención y del personal adscrito", recoge la propuesta que se debatió ayer en la Comisión Especial de Cuentas.

El departamento provincial de Intervención y Xestión Económico-Financiera apela a la necesidad de garantizar un control a posteriori de las ayudas concedidas por los concellos y de supervisar la prestación de los servicios de larga duración por parte de las empresas contratistas.

La Diputación considera que la adopción de medidas para garantizar un control exhaustivo de las subvenciones y servicios de gestión indirecta de concellos pequeños "no admite mayor demora" y apela en su informe a la necesidad de actuar ya en un "entorno caracterizado por la presión mediática, que exige la depuración inmediata de responsabilidades cuando se observa una irregularidad en la gestión pública".