La política en el rural, a examen

La Diputación pretende aprobar en el próximo pleno las bases que permitirán a los concellos de menos de 5.000 habitantes delegar en la institución el control financiero de las subvenciones y la supervisión de los servicios de prestación indirecta. El informe que acompaña la propuesta deja en entredicho la gestión de los consistorios del rural: "Hay una parte de los fondos públicos que no queda suficientemente controlada", constata el departamento de Intervención.

La institución provincial atribuye los fallos en la supervisión a la "auténtica escasez de medios humanos de Intervención" y defiende la urgencia de articular mecanismos para mejorar el control de ayudas y concesiones "en un entorno caracterizado por la presión mediática y que exige la depuración inmediata de responsabilidades".

La Diputación se centra exclusivamente en la necesidad de garantizar el control a posteriori de las ayudas concedidas por los concellos pequeños y de realizar auditorías de las concesiones para evitar una merma en la calidad de los servicios. Y es que las quejas por las deficiencias en el funcionamiento de la red de aguas y saneamiento, la asistencia a mayores, o el mantenimiento en el alumbrado se repiten en todos los puntos de la comarca.

El descontrol en las concesiones no es patrimonio de los concellos pequeños. La ciudad de Betanzos admitía recientemente que no recibe desde 2007 ningún ingreso por el servicio de ORA y que la adjudicataria no había entregado ni siquiera las liquidaciones. Otros concellos como Cambre mantienen desde hace años servicios en precario, sin contrato en vigor, pese a los constantes reparos de Intervención.

El reparto de ayudas también ha propiciado debates enconados en la comarca. Sobre todo, por su reiterada concesión a dedo.

Más allá de la supervisión de las subvenciones y el control de los servicios de gestión indirecta, hay otra pata importante de la gestión municipal que es objeto reiterado de críticas por la oposición de los distintos concellos: la contratación.

Realizar un seguimiento de las adjudicaciones de los concellos pequeños, que rara vez merecen la atención de los focos, es una tarea complicada. Los ayuntamientos no publicitan en el perfil del contratante todos los contratos. Algunos como Vilasantar estuvieron más de un año sin actualizar los datos. Gran parte de los consistorios tampoco informan en su página web de los acuerdos de junta de gobierno y recurren reiteradamente a los procedimientos negociados sin publicidad para adjudicar las obras.

Los ayuntamientos de pequeña población defienden este mecanismo, que limita la concurrencia y al que la ley concede un carácter excepcional, apelando a la escasa cuantía de los fondos que manejan y la agilidad que ofrece frente a los concursos abiertos. El abuso de este procedimiento ha valido reparos reiterados de Intervención en concellos como Betanzos o Sada, pero no en otros como Aranga o Irixoa, en los que se produce una importante concentración de contratos en pocas empresas.

La Diputación, que durante los primeros años del Gobierno del PP defendió a ultranza los negociados sin publicidad al entender que permitían una mayor agilidad, dio un golpe de timón en 2014 y se comprometió a sacar a subasta las obras para favorecer la concurrencia de empresas y, consecuentemente, una mayor rebaja sobre el importe de licitación.

Este cambio en la política de contratación de la Diputación no ha propiciado un viraje en la gestión de los fondos del rural, pese a que los concellos pequeños financian gran parte de la inversión con fondos provinciales. El BNG, la formación más crítica con el abuso de los contratos a dedo o negociados, ha puesto bajo la lupa la contratación en el rural y el elevado número de adjudicaciones a las mismas empresas.

Aranga, Vilarmaior e Irixoa repartieron entre solo dos empresas el Plan de Obras de 2012, 2013 y 2014. En total, 16 contratos que suman casi un millón de euros. En la mitad de ellos sin obtener ni un solo euro de rebaja (en el resto los descuentos mínimos).

No es un caso aislado. Aranga ha repartido casi el 80% de los fondos del mandato entre dos contratistas, que en la mayor parte de los casos no han ofrecido ni un céntimo de descuento sobre el importe de licitación. Una empresa de Melide ha copado los pavimentados (12 de 16), que fueron licitados a través de negociados con invitación a tres empresas (casi siempre las mismas) en lugar de sacarlas a concurso abierto en un único paquete. A la única obra que salió a subasta por exceder el máximo del contrato negociado se presentaron 20 empresas y la contratista habitual lo perdió pese a ofrecer un 28% de rebaja.

El proceder de Aranga se repite en otros concellos de la comarca como Irixoa, que repartió también casi el 80% de la inversión del mandato entre dos firmas, las mismas que en Aranga. Una de estas empresas, la más beneficiada por las adjudicaciones, ha merecido los reparos del Tribunal de Cuentas en ayuntamientos como Toques por su reiterada contratación y el uso "abusivo" de los negociados.