"Gravísima", "completamente precaria" y "discriminatoria". Así calificó ayer el comité de empresa de Betanzos la situación del personal de limpieza del Concello. Los representantes del personal laboral aprobaron ayer con los votos a favor de la CIG y la abstención de UGT iniciar una serie de movilizaciones contra el "desmantelamiento" de este servicio por parte del Gobierno del PSOE.
Los trabajadores denuncian que solo tres personas realizan la labor de limpieza de los edificios municipales tras producirse dos despidos, cuatro bajas no cubiertas y tres jubilaciones sin que el Concello repusiese los efectivos.
A la precarización del servicio, la plantilla suma la "desproporcionada" carga laboral que asume una de las empleadas frente al resto. Según denuncia el comité de empresa, una única trabajadora asume la limpieza de trece dependencias: el aulario del colegio, la biblioteca y archivo municipal, el Museo das Mariñas, la oficina municipal de información juvenil y el aula Cemit, el edificio Liceo, la oficina de turismo, el local de la tercera edad, la comisaría, Servicios Sociales, el centro de formación ocupacional y el Concello.
La situación es "especialmente grave", según denuncia la CIG, porque esta empleada "tenía concedida una conciliación laboral y familiar por resolución de Alcaldía que le dejaron de aplicar de un día para otro al modificarle mediante una orden verbal el lugar y horario de trabajo y partirle la jornada".
Las quejas llegan después del despido de dos trabajadoras que han interpuesto una reclamación previa a la demanda por despido improcedente. Ambas denunciaron además que el Gobierno local les notificó su resolución sin cumplir los plazos de preaviso. La situación ha colmado la paciencia del comité de empresa, que acusa al Ejecutivo de ningunear a los empleados y a sus representantes.
Para forzar al Gobierno local a dar marcha atrás, el comité ha enviado una carta a todos los partidos para informarles de la situación del servicio de limpieza y reclamar su apoyo. La CIG tiene claro que la finalidad del Ejecutivo es "dejar morir el servicio para justificar su privatización". El sindicato duda de la legalidad de las medidas adoptadas por el PSOE y le afea que tomase la decisión de despedir a dos empleadas nada más tomar posesión.
