El alcalde y único edil del Gobierno de Miño, Ricardo Sánchez, aireó ayer una carta que ha enviado al presidente provincial del PP de A Coruña, Carlos Negreira, y al secretario general del PSdeG, José Ramón Besteiro, tras trascender el auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que da cuatro meses de plazo al Concello para que presente un plan de pago de los más de 21 millones que adeuda como responsable subsidiario a los expropiados por Martinsa Fadesa.

En su misiva, el regidor no plantea ninguna propuesta para abordar una condena que pone al Concello contra las cuerdas, pero carga con dureza contra la gestión de PSOE y PP y pide que "el asunto quede fuera de la agenda política". El alcalde critica también a Xunta por su contribución a este desarrollo urbanístico e, incluso, a la Justicia, por "engrosar las cifras de la indemnización con tasaciones de parcelas que, aún siendo legales, son difíciles de comprender, ya que se trataba de verdaderos montes".

Ricardo Sánchez admite que el problema al que se enfrenta Miño es "de tal magnitud que amenaza la propia supervivencia del Concello", pero no ha convocado aún a la Corporación a un encuentro para analizar el auto ni debatir sus consecuencia. Tampoco parece dispuesto el mandatario a dar un paso atrás, como le pide el PSOE, para permitir la investidura de la lista más votada. Es más, cree que ninguno de los dos partidos mayoritarios (PP y PSOE) están en condiciones de "sellar un acuerdo que garantice los intereses de los vecinos".

El alcalde, que hasta hace unos seis meses engrosaba las listas del PSOE, incide una vez más en que la familia política del portavoz socialista Manuel V. Faraldo posee terrenos que fueron expropiados para ejecutar la macrourbanización y que el popular Jesús Veiga provocó la situación actual con su gestión.

Sánchez cree que es una "falacia" que para abordar este problema tenga que haber un gobierno estable, como insiste el PSOE y aprovecha la misiva para exigir nuevamente que se depuren responsabilidades por la tramitación de Fadesa, tanto entre funcionarios como autoridades políticas. "Tenemos derecho a conocer la verdad", recalca y añade: "La única forma de que se defiendan los intereses vecinales con todas sus consecuencias es que esta cuestión no quede en manos de los partidos históricos"

El PSOE apeló ayer a la necesidad de un gobierno estable para encarar el "reto económico tremendo que debe afrontar Miño" y criticó la gestión de un alcalde "manifiestamente superado por este problema".