El alcalde de Miño, Ricardo Sánchez Oroza, único concejal de su lista, descarta subir los impuestos y las tasas para pagar el préstamo que propone el Estado, destinado a pagar a los expropiados de Martinsa Fadesa. El regidor rechaza las medidas propuestas en el informe de Intervención para hacer frente a la devolución del crédito de 12,6 millones de euros que hoy se someterá a votación en pleno. Sánchez Oroza confía en lograr que el Gobierno central conceda un aplazamiento para devolver el importe, que cubre la cantidad de las sentencias firmes por los expropiados de Martinsa Fadesa y que supone el doble de la cuantía aprobada en pleno en julio, de seis millones, de acuerdo a un informe del interventor que veía insostenible devolver una cantidad mayor.
"Mientras yo sea alcalde o concejal me negaré a subir impuestos", asevera el regidor, quien desoye las propuestas del interventor, que ayer publicó este diario, y asevera que la decisión sobre qué medidas tomar para devolver el préstamo será "una decisión política". Preguntado por cómo prevé devolver el crédito sin subir impuestos ni tasas, Sánchez Oroza recuerda que además de los diez años de plazo hay dos de carencia y se muestra confiado en lograr que el Ministerio de Hacienda y Administración Pública, que concede el crédito, acceda a ampliar el plazo de devolución. Asegura que contactará con el nuevo Gobierno tras las elecciones ya que ahora "no hay interlocución". El alcalde apunta también a la opción de que se obtengan "de la liquidación de Fadesa" las cantidades que, por orden judicial, se deben abonar a los expropiados y asegura que el Concello tramita esta segunda opción en el juzgado.
En cuanto a la aceptación del crédito por 12,6 millones de euros, como propone el Ministerio, y no por los seis millones que el pleno aprobó pedir, el alcalde se muestra a favor. "Tenemos pocas posibilidades de negarnos. Sería difícil de comprender por el juzgado que el Concello se niegue a un crédito que permite pagar las sentencias", asegura.
Sánchez Oroza apunta que el Concello debe definir un plan de pago a los expropiados antes del próximo día 15 de febrero o, de lo contrario, se arriesgaría a un embargo en las cuentas o a que el Ayuntamiento sea intervenido, alerta el alcalde. "No es de recibo que el Ayuntamiento tenga que pagar esto. El Concello tiene que conseguir que se le reconozca que es un acreedor prioritario y que puede ir contra la mesa de liquidación de Fadesa. No es plato de buen gusto pero tristemente es inevitable y no queda más remedio que asumirlo o asumir la intervención de las cuentas", zanja.
