El pleno de Sada aprobó ayer con el voto en contra del PP la propuesta del Ejecutivo municipal de instar a la Xunta a agilizar los trámites para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la fábrica de Cerámicas O Castro. Los populares se opusieron al entender que la distinción podría "encorsetar los posibles usos futuros" de la factoría que puso en pie Isaac Díaz Pardo.

El exalcalde, Ernesto Anido, recordó que el plan general aprobado inicialmente en 2013 catalogó por primera vez la factoría y recalcó que la ampliación de la normativa para incluir una ordenanza específica para suelo de núcleo rural industrial se incluyó durante su mandato en el PGOM pendiente aún de aprobación provisional.

Los populares defendieron que la catalogación de la fábrica es suficiente y se mostraron reacios a continuar con el proceso para la declaración como BIC de este emblemático conjunto que incluye el museo Carlos Maside por las dudas sobre cómo podría afectar a su actividad. "Podría cuestionar determinados usos", argumentó Anido, que coincidió con el resto de los grupos de la Corporación en el valor cultural del conjunto. "En eso estamos todos de acuerdo", recalcó.

Los argumentos del PP chocaron frontalmente con los de Sadamaioría, PSOE, BNG y PDSP, que recalcaron que la distinción va dirigida a preservar el edificio y el patrimonio que atesora y a saldar una "deuda histórica" con Díaz Pardo. Todas las formaciones recordaron que la petición de que este conjunto se declarase BIC fue solicitada por el Parlamento gallego en 2010 por unanimidad. El alcalde, Benito Portela, recordó que la factoría de Sargadelos de Cervo ya dispone de esta distinción y que el propio alcalde de este municipio, del PP, le animó a luchar por conseguir la categoría de BIC. "Hoy Sada va a intentar estar a la altura de Díaz Pardo en la defensa de su legado cultural y empresarial", celebró-

El pleno aprobó por unanimidad las nuevas cláusulas sociales y medioambientales en contratación e iniciar el expediente para asumir el mantenimiento del colegio de Mosteirón, una competencia impropia. El PP votó en contra de este último punto al entender que el procedimiento podía dilatar más este "problema enquistado", defendió instar de nuevo a la Xunta a asumir los costes y propuso subsanar temporalmente el problema con una subvención con cargo al presupuesto.

La concejala de Educación, Raquel Bolaño, al igual que el resto del Ejecutivo, recordó que la Xunta se ha negado hasta ahora a asumir los costes del mantenimiento y que, dada la situación y las estrecheces que atraviesa actualmente el centro, el Concello "no puede mirar a otro lado". "Hubo meses en que tuvieron dificultades para pagar la luz y la calefacción", destacó la edil, que añadió: "Esto no implica instar nuevamente a la Xunta y si conseguimos que cumpla con su obligación no habrá problema en parar el expediente".

El Ejecutivo rechazó la propuesta del PP de subsanar temporalmente el problema con una subvención a la comunidad educativa para pagar los gastos de mantenimiento e incidió en que la normativa impide que las ayudas se dediquen al pago de gasto corriente, por lo que resultaría inviable.