El Concello de Oleiros tomó posesión ayer de la gasolinera de Santa Cruz, en cuya parcela pretende construir una rotonda. La primera teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, María José Varela, se personó en la estación de servicio acompañada de personal municipal a las 14.00 horas de ayer para formalizar el trámite anunciado por el Gobierno local. El propietario de la empresa que explota la gasolinera, Taula, y los cuatro trabajadores se negaron a desalojar las instalaciones y alegaron que un auto judicial ha suspendido cautelarmente la expropiación, hasta que se resuelva en los juzgados el recurso presentado contra la revocación de la licencia. Representantes de Cepsa, titular de la estación de servicio, garantizaron que se encargarán de la desgasificación.

Al llegar a la instalación, la primera teniente de alcalde y una trabajadora municipal hablaron con el empresario y su abogado en una oficina anexa a la tienda de la estación de servicio. El propietario de la empresa, Fernando Martínez, rechazó firmar los documentos para mostrar su disconformidad con el procedimiento, igual que los trabajadores, explicó el abogado que los representa. Allí, la concejal defendió que la empresa y los trabajadores deberían haber desalojado el recinto ya el lunes debido a que había expirado el contrato con la arrendataria, argumento que rechaza letrado al considerar que "se trata de un asunto entre arrendatario y arrendador y hay varios modos de renovar", además de que "había conversaciones para continuar con la actividad".

Tras recibir la negativa de los afectados a acatar la toma de posesión de la superficie, la concejal de Urbanismo se limitó a garantizar que se procedería de acuerdo a los servicios jurídicos municipales. Los trabajadores del Concello hicieron constar por escrito el rechazo de la empresa y la plantilla a la ocupación por parte del Ayuntamiento y revisaron las instalaciones. Operarios ataviados con chalecos reflectantes del Concello de Oleiros procedieron al precinto de los surtidores de combustible con cintas a rayas diagonales rojas y blancas entre críticas y quejas del empresario, los trabajadores y sus familias. "Esto es lo que representa Gelo, el partido comunista cubano. Esto no es ni Cuba ni la Unión Soviética", protestó el empresario a la concejal. Trabajadores y allegados reprocharon a la edil y los trabajadores municipales que "cuatro familias de vecinos de Oleiros se quedan sin trabajo", consecuencia que achacaron a la actuación del partido del alcalde, Alternativa dos Veciños. En media hora, tras precintar los surtidores y cubrir los pertinentes informes, el personal municipal dio por completada la toma de posesión de la parcela y abandonó el lugar.

El abogado del empresario y los empleados sostiene que un auto judicial suspende e modo cautelar la toma de posesión. El letrado explica que solicitaron medidas cautelarísimas y que la juez entiende que no eran necesarias, pero concede la medida cautelar, la suspensión de la toma de posesión, hasta que se resuelva el recurso sobre la revocación de la licencia. "Teniendo en cuenta que cuando se notifica la tramitación de la medida cautelar al Ayuntamiento se suspende la ejecución del acto hasta su resolución, no procede tramitar como medida urgentísima la solicitud por la parte actora", dice el auto.

El Gobierno local, sin embargo, interpreta de otro modo el auto judicial. "Recurren al tribunal y el tribunal hace unas recomendaciones, pero son unas recomendaciones, no es un auto de paralización de la toma de posesión por parte del Ayuntamiento", defendió el alcalde, Ángel García Seoane, una par de horas antes de la toma de posesión en una intervención en Radio Coruña. Los trabajadores criticaron ante la teniente de alcalde que García Seoane no acudiese al acto para "dar la cara".

El abogado de los recurrentes consideró "una actuación manifiestamente irregular" la toma de posesión por parte del Concello y adelantó que estudiará con el empresario y los trabajadores medidas legales contra la actuación municipal. "Yo no le niego al Ayuntamiento la posibilidad de que, siguiendo un procedimiento, llegue algún día a expropiar. Lo que no puede hacer es saltarse las leyes y las resoluciones judiciales", sostuvo el letrado.

El representante legal de los recurrentes incidió en que la actuación del Concello tiene como consecuencia directa la pérdida de cuatro puestos de trabajo, por lo que defendió que debería haber esperado a que el juzgado se pronunciase sobre el recurso interpuesto contra la revocación de la licencia. Además, argumentó que hay informes de la Xunta y de ingenieros que cuestionan que sea necesario expropiar la estación de servicio para construir una rotonda.

El alcalde, sin embargo, sostuvo en su intervención radiofónica de ayer que "como se sabe, esa gasolinera es imprescindible para hacer una rotonda como Dios manda en el centro de Santa Cruz, distribuir los tráficos y buscar el sitio para el aparcamiento de los buses y también de los ciudadanos, y es una zona que tiene comercio".

El grupo municipal del BNG considera "inaceptables" las "formas" con que el Concello tomó posesión de la gasolinera, que consideró "propias del Far West americano". "Pasar por encima de las resoluciones judiciales y no mostrar interés ninguno por el futuro laboral de los trabajadores que se quedan en la calle no parece cuadrar mucho con los principios de un Gobierno municipal de izquierdas", sostuvo el portavoz nacionalista, Fran Rei. El BNG reprocha al Gobierno local que haya llevado a cabo un "procedimiento de expropiación 'exprés', carente de toda voluntad negociadora y que solo daba pie a su judicialización, como finalmente ocurrió". Los nacionalistas consideran "bochornoso" el acto y denuncian que "hubo y hay una profunda insensibilidad" del Gobierno "que dice ser progresista y de izquierdas". Rei apunta que no cuestiona "la idoneidad" de trasladar la gasolinera, pero lamenta "las excesivas prisas y cuestiona su "motivo real".